El oficialismo presentó iniciativas para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, modificar la regulación del juego online y avanzar con el Súper RIGI. Desde la oposición denuncian presión de empresas alimenticias, plataformas de apuestas y corporaciones tecnológicas.
Buenos Aires.- El gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso un paquete de proyectos que abrió una fuerte polémica política. Mientras el oficialismo asegura que busca avanzar hacia una mayor “transparencia” y desregulación económica, desde distintos sectores de la oposición denuncian que las iniciativas responden a intereses de grandes grupos empresarios.
Uno de los proyectos más cuestionados es el que propone derogar la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021, que obliga a incluir sellos negros en alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. La norma también limita la publicidad dirigida a niños y adolescentes.
Desde la oposición sostienen que la iniciativa retoma argumentos históricos de las grandes empresas alimenticias. La senadora Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) y el exdiputado Julio Cobos, impulsores de la ley original, señalaron que durante años existió presión de compañías nucleadas en la COPAL (Coordinadora de las industrias de Productos Alimenticios) para frenar la regulación.
Según especialistas, el etiquetado modificó hábitos de consumo y llevó a muchas empresas a reformular productos para reducir azúcares y sodio. Organismos internacionales incluso destacan el modelo argentino como uno de los más avanzados de la región.
Otro de los proyectos apunta a una nueva regulación sobre ludopatía y apuestas online. La propuesta oficial se concentra en las plataformas ilegales y deja afuera mayores controles sobre las autorizadas, algo que fue cuestionado por legisladores opositores. La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) advirtió que el texto “prioriza la recaudación antes que la salud mental” y denunció influencia del lobby del juego.
El paquete también incluye el denominado “Súper RIGI”, que otorgaría beneficios especiales a grandes inversiones vinculadas al sector tecnológico y minero. Desde Unión por la Patria señalaron que la iniciativa favorece a corporaciones internacionales interesadas en recursos estratégicos como el litio y el cobre.
Para dirigentes opositores, el Gobierno nacional terminó adoptando como propia la agenda de las grandes corporaciones económicas y avanzando con proyectos diseñados a medida de esos intereses.
Fuente: Página 12