Mientras el Gobierno libertario amplía los incentivos para grandes capitales con el “Súper RIGI”, informes privados y datos de la OCDE muestran caída de la inversión productiva y ubican a la Argentina entre los países menos atractivos de la región para la llegada de fondos extranjeros.
Buenos Aires.- Un informe publicado por la web Chequeado.com analizó el estado actual del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado “Súper RIGI”, la nueva iniciativa presentada por el Gobierno de Javier Milei para ampliar los beneficios destinados a grandes proyectos vinculados a sectores estratégicos. El trabajo reúne datos oficiales, relevamientos de organizaciones civiles y opiniones de especialistas para examinar cuántas inversiones fueron aprobadas, cuánto dinero ingresó efectivamente al país y cuáles son las principales dudas que todavía persisten alrededor del esquema.
El “Súper RIGI” fue anunciado el pasado 8 de mayo por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según explicó el Gobierno, la propuesta busca otorgar beneficios fiscales y cambiarios aún mayores que los previstos en el régimen original para atraer inversiones en inteligencia artificial, centros de datos, refinación de cobre, baterías de litio y otras industrias tecnológicas. El proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados.
El RIGI original había sido aprobado dentro de la Ley Bases y reglamentado en agosto de 2024. Desde entonces, el Ejecutivo lo presentó como una herramienta clave para impulsar inversiones en energía, minería y tecnología. De acuerdo con datos citados por Chequeado, hasta marzo de 2026 el régimen había generado un flujo neto de divisas de U$S 762 millones, producto de ingresos brutos por U$S 1.205 millones y egresos por U$S 452 millones.
Según el Observatorio del RIGI, entre agosto de 2024 y abril de 2026 se registraron 35 proyectos por un monto total de U$S 81.104 millones. Sin embargo, sólo 15 fueron aprobados formalmente, mientras que otros 19 continúan bajo evaluación. Esto implica que cerca del 64% de los montos anunciados todavía no recibió autorización definitiva del Ministerio de Economía.
El informe también advierte sobre la falta de información pública sistematizada respecto del estado real de las inversiones. Mariano Novas, investigador de la Universidad Nacional de San Martín e integrante del Observatorio, cuestionó la escasa transparencia del sistema y señaló que no existe una plataforma clara para seguir el avance de los proyectos y controlar los beneficios otorgados.
Las dudas sobre el verdadero impacto del régimen se profundizan además con otros indicadores económicos conocidos en los últimos días. Un informe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados reveló que la inversión bruta interna cayó 11,4% interanual en abril medida en volumen físico, con fuertes retrocesos en maquinaria, equipos y construcción. Según el estudio, no existen todavía señales claras de recuperación de la inversión productiva.
La consultora remarcó que la inversión en maquinaria y equipo cayó 11,5%, mientras que la construcción retrocedió 11,2% interanual. Además, advirtió que la industria continúa trabajando con niveles muy bajos de utilización de capacidad instalada y que el atraso cambiario encarece los costos de construcción en dólares.
A esto se sumó un informe elaborado por Misión Productiva en base a datos de la La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ubicó a la Argentina como el país con peor desempeño en inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina durante 2025. Según esas cifras, el país captó apenas US$3.100 millones, muy por debajo de Brasil, que recibió alrededor de US$77.000 millones, México con más de US$40.000 millones y Chile con más de US$13.000 millones.
Otro de los ejes del debate es el impacto económico y laboral. Más del 95% de las inversiones bajo el RIGI se concentran en minería e hidrocarburos, sectores que generan divisas rápidamente pero suelen tener bajo nivel de empleo permanente y escaso valor agregado local. Además, especialistas remarcan que gran parte de los puestos proyectados corresponden a la etapa de construcción y no a trabajos estables.
En paralelo, continúan las dudas sobre el costo fiscal del régimen. Aunque el RIGI contempla reducción del impuesto a las Ganancias, estabilidad fiscal por 30 años y exenciones aduaneras, todavía no existe una estimación oficial integral sobre cuánto resignará el Estado en recaudación. Un informe del CEPA calculó que el costo podría superar los U$S 1.000 millones anuales cuando los proyectos entren en operación plena.
Fuentes: Chequeado.com y Página 12