Tras su aprobación en general, se tratará en el Congreso artículo por artículo. Las facultades delegadas, el impuesto País y las privatizaciones entre los artículos más polémicos.
Buenos Aires.- Después de que se aprobara en general el viernes pasado la Ley Ómnibus, el oficialismo comenzó las negociaciones artículo por artículo. El gobierno nacional aún no tiene la certeza de contar con los votos necesarios para la aprobación de muchos de los puntos esenciales del megaproyecto.
Pero ese será sólo el comienzo. A lo largo de una sesión que promete ser -nuevamente- maratónica y que incluso podría durar varios días, hay al menos siete puntos clave que generarán intensos cruces y cuya redacción final todavía es una incógnita.
Facultades delegadas
Será, probablemente, la primera discusión de la tarde. En el texto original del proyecto de ley el ejecutivo buscaba declarar la emergencia en 11 materias y obtener la delegación de facultades por dos años.
Sin embargo, en las sucesivas negociaciones la cantidad de materias en emergencia se recortó a 5 (económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa), mientras aún permanece en debate la de seguridad. Además, el tiempo en el que el presidente tendría poderes especiales fue reducido a un año, con necesidad de pasar por el Congreso para extenderlo un año más.
De todas formas, tal como señaló un legislador radical a Ámbito el lunes por la tarde, “hay bastante cuestionamientos en torno a las delegaciones así como están planteadas”.
Específicamente, remarcó que lo que más “ruido genera” es el inciso H del artículo 4, en el que se establecen las “bases de la delegación legislativa” y que permite: “Transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.
En ese sentido, sostuvo que “se va a hacer una propuesta de modificación, en línea con lo que se planteó en disenso de nuestro partido”.
Impuesto PAIS
Las negociaciones entre el Gobierno y las provincias se tensaron aún más luego de que el lunes el ministro del Interior Guillermo Francos asegurara que el Presidente vetará la coparticipación del impuesto PAIS en caso de que se incluya durante el debate en particular.
El jueves pasado en su visita al Congreso los gobernadores llevaron a Francos una iniciativa en la que proponían que el 70% del impuesto PAÍS quede para el Tesoro, el 21% se distribuya y un 9% pase a la órbita del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Pese a la negativa del oficialismo, desde uno de los bloques dialoguistas señalaron a Ámbito que hasta el lunes por la tarde la idea era incluir en el debate la coparticipación del impuesto PAIS, mientras que en el Gobierno aseguran que todo el paquete de medidas fiscales será tratado una vez se termine de aprobar la Ley de “Bases”.
Privatizaciones
Otro asunto espinoso, que demandará un largo tiempo de debate durante la votación en particular es el de las privatizaciones. En el texto original se disponía que el Presidente tuviera la facultad de avanzar con la privatización de 41 empresas públicas.
Luego de las primeras negociaciones, se retiró de la lista YPF, mientras que se limitó la cantidad de acciones sujetas a venta para el Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina. Antes de comenzar el debate en el recinto, se quitaron otras firmas clave para los gobernadores dialoguistas: el BICE, la Casa de la Moneda, Radio Universidad de Córdoba, Radio Universidad del Litoral y Fabricaciones Militares, entre otras.
Continúan en el texto 27 empresas, entre las que se encuentran AySA, Aerolíneas Argentina, Intercargo, Ferrocarriles Argentinos y los medios públicos. De todas formas, desde algunos bloques dialoguistas proponen que la privatización se debata empresa por empresa. Incluso, desde uno de los sectores podrían reclamar que haya una ley específica para convalidar cada venta.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES
Pese a que en la primera lectura que hizo el secretario parlamentario se había eliminado, el artículo que permite vender las acciones que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES en grandes compañías fue incluido en el proyecto que obtuvo la mayoría en la votación en general del viernes pasado en la Cámara de Diputados.
En la oposición hay distintas posturas al respecto y no convence la idea de otorgar discrecionalidad en el uso de esos recursos.
En ese escenario, un sector de la oposición pide que parte de los recursos se utilicen para pagar juicios a jubilados y a las cajas no transferidas de las provincias. Córdoba y Santa Fe son dos de los distritos que impulsan su reincorporación. Si el oficialismo no cede, un grupo de diputados votará en contra de ese artículo.
Se trata de una carta con la que el Gobierno podría acercar posiciones luego del a fricción generada por la negativa a coparticipar el impuesto PAIS.
Deuda pública
Otro punto rechazado por la oposición y que es resistido incluso por los bloques dialoguistas es referido a los artículos que permiten al Ejecutivo tomar deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso.
En concreto, el dictamen propone derogar el articulo 1 de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández y que establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje para la emisión de deuda en moneda extranjera.
Contratos vigentes
El Gobierno busca la facultad para poder prorrogar, rescindir o anular contratos de obras públicas, concesiones y alquileres. Sin embargo, es otro punto en el que los bloques dialoguistas se resisten a aprobar sin incluir al menos algunos cambios. Según trascendió, buscarán que el Congreso tenga derecho a supervisar estas cuestiones.
Biocombustibles
El apartado de los biocombustibles es otro tema sensible, sobre todo para las provincias productoras. Si bien se habían mantenido distintas negociaciones, en el proyecto votado el viernes no se incluyeron los últimos pedidos de las provincias.
En ese escenario, mientras que el diputado tucumano Pablo Yedlin indicó “lo mejor será rechazar el capítulo completo”, su par tucumano y radical Mariano Campero, señaló que “todavía se está negociando y es posible que haya una mejora, sobre todo, en lo relacionado con el corte de bioetanol”.
Advirtió que, de no ser así, no se aprobará nada que perjudique a la economía de la provincia. El lunes, en una conferencia de prensa, fue consultado el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo sobre este tema y dijo: “Si se producen las modificaciones los diputados van a acompañar, sino no van a votar el artículo”.
Fuente: Ambito.com