La iniciativa de LLA abrió una etapa más pragmática en la relación de Milei con los mandatarios provinciales. El Gobierno nacional espera aprobar el proyecto en febrero.
Buenos Aires.- Con la rosca política en su máxima expresión debido a la importancia de los proyectos que se debatirán en febrero como la (contra)reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, la relación entre Javier Milei y los gobernadores entró en una etapa mucho más pragmática que la que se gestó entre 2024-2025.
Según explica la web de TN el nuevo ciclo está marcado por la negociación condicionada por el ajuste fiscal, la necesidad de votos en el Congreso y un esquema de recursos cada vez más escaso.
El tercer año de gestión encuentra a las provincias reordenando posiciones frente a un eje central para la Casa Rosada: el paquete de reformas que se debatirá en el Congreso.
Aliados y dialoguistas con reclamos abiertos
Entre los mandatarios con mejor vínculo con la Casa Rosada aparecen Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA) y Claudio Poggi (San Luis). Sellaron acuerdos electorales con La Libertad Avanza, mantienen un diálogo fluido con el Ejecutivo y respaldan la reforma laboral, aunque reclaman fondos para infraestructura y mayor previsibilidad en los giros nacionales.
En la misma línea se ubican Marcelo Orrego (San Juan), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Sáenz (Salta), que —aunque mostraron algunas diferencias con el oficialismo— fueron clave para la sanción de leyes en 2025.
Los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) ocupan una posición más ambigua, pero también aliada a Casa Rosada. Apoyaron el Presupuesto 2026 y se mostraron proclives a acompañar la reforma laboral, pero plantearon reparos sobre su impacto fiscal.
Si bien consideran que la legislación laboral debe cambiar, advierten sobre “serios inconvenientes” en el proyecto del oficialismo, especialmente en algunos puntos que afectan a las economías con fuertes asimetrías regionales. El foco del conflicto está en el capítulo tributario. Los artículos 190 y 191 reducen alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias, ambos coparticipables.
No son los únicos: gobernadores de distintos signos advierten que la merma en la recaudación podría ser significativa y plantean que, si avanza, sea Nación quien absorba el costo durante 2026.
En ese esquema se inscriben las recorridas del ministro del Interior, Diego Santilli, por provincias consideradas clave. En sus visitas recoge buena voluntad para apoyar la reforma, pero también reclamos por fondos que no llegan, obras paralizadas y deudas previsionales que siguen sin resolverse.
El espacio de Provincias Unidas concentra a gobernadores que combinan colaboración legislativa con un discurso crítico hacia Milei. Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) son centrales para cualquier votación ajustada, aunque mantienen diferencias con el Ejecutivo.
Ambos consideran que se necesita una modernización, especialmente para que las pymes puedan sostener, crear y blanquear empleos, pero plantean que se debe dar el debate punto por punto, sin acelerar el tratamiento legislativo. “No tenemos apuro ni nos mueve el interés en un ATN”, aseguran.
Posición similar tienen los otros tres gobernadores que integran el espacio de Provincias Unidas: Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Al igual que Rolando Figueroa, (Neuquén), que también se mueve en esa zona intermedia.
Oposición dura, ajuste fiscal y negociación condicionada
En el otro extremo se alinean los gobernadores que anunciaron una articulación opositora en el Congreso. Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elía Suárez (Santiago del Estero) se reunieron a mediados de diciembre y publicaron un posicionamiento conjunto.
Todos están distanciados del ala dura kirchnerista, que se quedó sin representación territorial federal, aunque mantiene una alta injerencia legislativa tanto en el Congreso nacional como en las legislaturas provinciales.
Los seis mandatarios cuestionan el impacto federal de las reformas libertarias y advierten sobre la pérdida sostenida de recursos provinciales. En el comunicado conjunto señalaron que “las provincias fueron recibiendo cada vez menos recursos” y que la reforma laboral “se convirtió en un instrumento para generar más desfinanciamiento federal”.
Fuente: Todo Noticias