Salud Mental: el Gobierno nacional avanza con una reforma y crece la disputa por los recursos

El Senado aprobó por 42 votos contra 21 la iniciativa impulsada por Javier Milei y le dio media sanción. El proyecto modifica los criterios para las internaciones involuntarias, amplía el abordaje de las adicciones y reabre la discusión por los recursos para sostener la atención en las provincias.

Buenos Aires.- El gobierno libertario avanza en el legislativo sobre reformas en temas muy importantes en Argentina como es el caso de la salud mental: en este sentido, el Senado aprobó en general la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por Javier Milei y giró el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, en una discusión atravesada por los cambios en las internaciones involuntarias, el financiamiento del sistema sanitario y las responsabilidades de las provincias.

El proyecto contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques provinciales, mientras que el rechazo se concentró en el bloque Justicialista y en legisladores de otras bancadas.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación de los criterios para disponer internaciones involuntarias. El texto establece que podrán indicarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, siempre que no sean posibles otros abordajes terapéuticos. La internación deberá ser considerada un recurso excepcional y evaluada por un equipo interdisciplinario.

La iniciativa habilita a un médico, preferentemente especialista en psiquiatría, a disponer la internación. En situaciones de emergencia podrá hacerlo un solo profesional, aunque la decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. También contempla la posibilidad de recurrir a teleconsultas con especialistas en psiquiatría.

Otro de los cambios se vincula con la intervención judicial. Las internaciones deberán ser comunicadas a la Justicia, que podrá solicitar informes y peritajes e intervenir en el control de las medidas. Además, el proyecto exige que exista un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, con pautas para organizar la salida de la institución y garantizar la continuidad de los cuidados.

La reforma también amplía el abordaje de las adicciones e incorpora la posibilidad de incluir la ludopatía entre las problemáticas que requieren atención en salud mental. A su vez, mantiene la prohibición de crear manicomios y contempla dispositivos alternativos, como tratamientos ambulatorios y domiciliarios, hospitales de día y casas de convivencia.

En el caso de niños y adolescentes, establece que deberán recibir atención de equipos con formación infantojuvenil y permanecer separados de los adultos durante las internaciones, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.


El financiamiento: eje de la disputa con las provincias

La discusión por los recursos necesarios para aplicar la reforma fue uno de los principales focos de tensión entre el oficialismo, sus aliados y los representantes de las provincias. Para destrabar el tratamiento, el Gobierno incorporó modificaciones que contemplan mecanismos de cooperación financiera entre la Nación y las jurisdicciones, con previsiones presupuestarias para sostener la implementación de la ley.

Desde el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, defendió la reforma al considerar que la normativa actual resulta insuficiente para responder a determinadas situaciones clínicas. La senadora planteó que el objetivo es intervenir a tiempo y dotar al sistema de herramientas para actuar ante escenarios de riesgo grave.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también defendió el carácter excepcional de las internaciones involuntarias y sostuvo que la prevención debe ser el eje del abordaje.

Con la aprobación del Senado, la reforma quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados, donde continuará el debate sobre los cambios propuestos para la atención de las personas con padecimientos mentales y las condiciones necesarias para implementar el nuevo esquema.

La salud mental es un tema sensible y que ha cobrado mucha relevancia en Argentina luego de los meses de encierro por la pandemia de coronavirus. Hace algunos días profesionales del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) presentaron en el Concejo Deliberante un informe que da cuenta de la problemática, en particular porque expone los ingresos a la institución por intentos de suicidio.

El HIGA registró 153 ingresos por intentos de suicidio

El 21 de octubre, profesionales de los equipos de Epidemiología y Trabajo Social del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) presentaron ante el Concejo Deliberante un relevamiento que registró 153 ingresos por intentos de suicidio entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026. De ese total, 103 pacientes debieron quedar internados, con una prevalencia de mujeres y jóvenes de entre 20 y 34 años.

El informe también identificó factores sociales asociados a las situaciones de riesgo. Entre los pacientes con seguimiento completo, el 76,5% presentaba indicadores concretos, entre ellos duelos, antecedentes de abuso sexual, violencia familiar y de género, y crisis vinculadas al desempleo. Además, el 15% de los pacientes ingresó bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Los datos fueron presentados como parte de un monitoreo realizado por el hospital bajo los parámetros de la Ley Provincial de Salud Mental.

El relevamiento local también mostró la presión que estas situaciones representan para el sistema público: casi tres de cada cuatro internaciones debieron resolverse en la propia guardia del hospital, mientras que cerca de una cuarta parte requirió camas de cuidados críticos. Los profesionales plantearon la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y los espacios de acompañamiento comunitario.

Fuente: Minuto Uno