Desde el Consejo Local de Niñez de General Pueyrredon plantean interrogantes sobre la infraestructura y los recursos disponibles para afrontar la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal. “Queremos saber cuál es el plan para proteger y cuidar a nuestros pibes y pibas”, señaló a 7600ONLINE.COM Mariela Gómez, integrante del organismo.
Tras idas y vueltas en la provincia de Buenos Aires, la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil volvió a poner en primer plano una preocupación que el Consejo Local de Niñez de General Pueyrredon ya había planteado semanas atrás: qué condiciones tiene el Estado para recibir, acompañar y garantizar los derechos de los adolescentes que ahora quedan alcanzados por la legislación penal desde los 14 años.
Mariela Gómez, integrante del Consejo y Judicial Bonaerense, explicó a 7600ONLINE.COM que el planteo surgió de la asamblea realizada en agosto y que la inquietud excede la cuestión estrictamente judicial. “Nos interesa saber cuál es el plan para proteger y cuidar a nuestros pibes y pibas”, sostuvo.
Según explicó, desde el Consejo advierten que muchos adolescentes que entran en conflicto con la ley llegan atravesados por situaciones previas de vulneración de derechos: falta de alimentación, desvinculación escolar, ausencia de referentes familiares y, en algunos casos, problemas vinculados con la salud mental. “Son situaciones límite”, describió.
En ese sentido, remarcó que el rol municipal debería comenzar antes de que esos chicos lleguen al sistema penal, mediante políticas de prevención y promoción de derechos. También señaló la preocupación por la alimentación, en un contexto en el que muchos chicos tienen como principales espacios de acceso a la comida la escuela y (pocos) dispositivos de asistencia.
El Consejo había advertido además sobre las condiciones materiales del sistema penal juvenil. En su comunicado, elaborado a partir de la asamblea de agosto, preguntó si existen nuevas instalaciones, cuál es la situación edilicia en Mar del Plata y la zona y cuáles son las condiciones para alojar a los adolescentes que se incorporan al régimen.
Gómez relató que representantes de ATE que integran el Consejo mantuvieron una reunión con autoridades provinciales del área de Responsabilidad Penal Juvenil, en la que concluyeron que los dispositivos existentes ya se encuentran con dificultades de capacidad. Según explicó, también existen interrogantes sobre el espacio físico y las condiciones de recreación.
La discusión se produce luego de que la Ley 27.801 comenzara a regir el 5 de septiembre para adolescentes desde los 14 años. En la Provincia, una cautelar de la jueza Marta Pascual había suspendido durante 60 días su aplicación, pero la Cámara de Apelación y Garantías de Lomas de Zamora revocó esa decisión y dejó nuevamente vigente la norma bonaerense.
Para Gómez, el debate no debería agotarse en la incorporación de más adolescentes al sistema penal. “La necesidad extrema” y “la falta de oportunidades” pueden confluir con el accionar de organizaciones criminales que reclutan jóvenes. Por eso, desde el Consejo reclaman una respuesta articulada entre los distintos niveles y organismos del Estado, que contemple tanto la prevención como las condiciones concretas de quienes ya atraviesan situaciones de conflicto con la ley.