Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger encabezaron una reunión en la Cámara alta para cerrar el texto definitivo del proyecto, que ya tuvo 15 versiones y generó tensiones por los cambios propuestos en la Ley de Tierras Rurales.
Buenos Aires.- El Gobierno nacional intensificó este jueves las negociaciones para destrabar en el Senado el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada, un proyecto que acumula postergaciones y diferencias incluso entre bloques aliados. La reunión clave estuvo encabezada por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El encuentro se realizó a puertas cerradas en la Cámara alta y tuvo como objetivo definir un texto final que permita avanzar con la iniciativa en la sesión prevista para el 6 de agosto. Según trascendió, la intención oficial es evitar nuevas modificaciones en el recinto y llegar con un consenso previamente acordado.
“Nosotros estamos tranquilos. Hemos hecho una buena ley, con aporte de todos. Han participado gobernadores, senadores de todas las provincias que están cerca y aportan a una mirada constructiva. Creemos que va a salir”, sostuvo Bullrich tras la reunión.
Del encuentro también participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; y equipos técnicos de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
La principal controversia gira en torno a la modificación de la Ley de Tierras Rurales. La normativa vigente establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, además de fijar límites por nacionalidad y por extensión.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo elimina esas restricciones y solo mantiene una prohibición específica para Estados extranjeros y entidades vinculadas a ellos, salvo que el Poder Ejecutivo determine que la operación no representa un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
Otro punto en debate es el alcance de las facultades provinciales. El dictamen aprobado en el Senado habilita a los gobernadores a autorizar, regular o vetar la venta de tierras a extranjeros dentro de sus jurisdicciones, aunque persisten objeciones sobre el grado de control que conservará el Estado nacional en áreas consideradas estratégicas.
Fuente: Todo Noticias