Los sindicatos del sector naval y pesquero unificaron su reclamo contra la desregulación económica, la apertura de importaciones y la quita de incentivos. Advierten por el riesgo inminente de miles de puestos de trabajo.
La tensión entre el Gobierno Nacional y el sector portuario sumó un nuevo y dramático capítulo. En un duro comunicado conjunto, los principales gremios marítimos de la Argentina se declararon en estado de alerta y denunciaron públicamente que las políticas económicas implementadas por la gestión de Javier Milei “están empujando a la industria pesquera al borde del abismo”.
La advertencia encendió las alarmas en las principales ciudades portuarias del país, como Mar del Plata, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, donde la pesca representa el motor de la economía local. Según las organizaciones sindicales, el combo de desregulación, el aumento de costos en dólares y la falta de políticas de fomento estatal están asfixiando tanto a la flota pesquera como a los astilleros nacionales.
Los tres ejes del conflicto
Los representantes de los trabajadores fluviales, marítimos y de la pesca fundamentaron su denuncia en tres puntos críticos:
- Apertura y pérdida de competitividad: Señalan que la desregulación aduanera y los cambios normativos benefician a actores extranjeros en detrimento de la producción local.
- Caída del consumo y freno a las inversiones: El parate de la obra pública y los incentivos a la industria naval local paralizaron la renovación de la flota pesquera.
- Riesgo de empleo masivo: Advierten que, de continuar esta tendencia, las plantas de procesamiento en tierra y las tripulaciones sufrirán suspensiones y despidos masivos a corto plazo.
“No estamos ante una crisis coyuntural, estamos viendo el desmantelamiento planificado de una industria estratégica que genera divisas y miles de empleos genuinos en todo el litoral marítimo argentino”, expresaron referentes gremiales mediante un comunicado.
Un frente unificado
La preocupación no es aislada. El reclamo unifica a capitanes de pesca, maquinistas navales, marineros (SOMU) y trabajadores de la industria del pescado (SOIP), quienes usualmente mantienen lógicas de negociación separadas, pero que hoy ven una “amenaza existencial” común sobre el recurso pesquero y la soberanía de las 200 millas.
Por el momento, los gremios se mantienen en estado de asamblea permanente. No descartan la implementación de medidas de fuerza de alcance nacional que podrían paralizar la salida de los buques fresqueros y congeladores en plena temporada, lo que profundizaría el conflicto con las cámaras empresarias y el Ejecutivo.
Desde el sector oficial, por su parte, defienden que las reformas buscan “transparentar el mercado, eliminar trabas burocráticas y atraer inversiones extranjeras” bajo la premisa de la libre competencia. Sin embargo, en los muelles el clima social es cada vez más espeso y el margen de negociación parece acortarse día a día.