Activistas indígenas, campesinos, obreros y sindicalistas intentaron ingresar a la Plaza Murillo en La Paz en medio de una huelga general contra el ajuste económico. Hubo una fuerte represión policial y más de 90 detenidos.
Buenos Aires.- Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años. Miles de activistas indígenas, campesinos, obreros y sindicalistas llegaron este lunes a la ciudad de La Paz para profundizar las protestas contra el presidente Rodrigo Paz y sus políticas económicas de ajuste, en un escenario marcado por enfrentamientos con la policía, detenciones y fuertes acusaciones cruzadas.
Las movilizaciones se concentraron en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede del gobierno y el Parlamento boliviano. Allí, grupos de manifestantes intentaron avanzar hacia el Palacio de Gobierno utilizando piedras y explosivos caseros, mientras efectivos antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos y operativos de represión que se extendieron durante varias horas.
Según informaron las autoridades, al menos 95 personas fueron detenidas y un vehículo policial fue incendiado durante los disturbios. Además, se reportaron varios heridos, entre ellos manifestantes alcanzados por la represión. En redes sociales también se viralizó la detención de un ciudadano argentino que registraba los incidentes con su teléfono celular.
Las protestas fueron impulsadas por la Central Obrera Boliviana, organizaciones campesinas y sectores vinculados al expresidente Evo Morales, quien respaldó públicamente las movilizaciones. Desde distintos puntos del país llegaron columnas de manifestantes que reclaman medidas urgentes frente a la inflación, el desabastecimiento y la crisis económica más severa que atraviesa Bolivia desde la década de 1980.
En paralelo, el fiscal general Roger Mariaca confirmó órdenes de detención contra el dirigente sindical Mario Argollo y otros 24 referentes sociales acusados de delitos como “terrorismo” e “instigación pública a delinquir”. Desde la COB denunciaron una “persecución judicial” y aseguraron que mantendrán las medidas de fuerza.
La tensión política también se trasladó a Santa Cruz, principal motor económico del país, donde dirigentes empresariales y cívicos reclamaron al gobierno la declaración de un “estado de excepción sectorizado” para controlar los bloqueos y restablecer el orden.
La administración de Paz enfrenta así un escenario crítico apenas seis meses después de haber llegado al poder tras poner fin a dos décadas de gobiernos socialistas encabezados por Evo Morales y Luis Arce. Con inflación creciente, escasez de combustible y caída de reservas internacionales, el conflicto amenaza con profundizar aún más la inestabilidad en el país andino.
Fuente: Página 12