El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, desestimó la movilización, la calificó como “política” y cuestionó el ingreso irrestricto, mientras el Ejecutivo insiste en sostener el recorte presupuestario.
Buenos Aires.- Luego de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que este martes reunió a cientos de miles de personas en todo el país en defensa de la educación superior pública, el Gobierno nacional confirmó que mantendrá su política de ajuste sobre las universidades y volvió a deslegitimar la protesta al considerarla una expresión partidaria de la oposición.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue el primer funcionario en salir públicamente a fijar la postura oficial tras la movilización. “Pueden juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, afirmó, en una declaración que dejó en claro que el Ejecutivo no prevé modificar el rumbo de los recortes.
Además, insistió en que la protesta estuvo motorizada por sectores opositores, gremiales y dirigentes políticos, y apuntó contra referentes universitarios por su participación en la convocatoria. Según el funcionario, la marcha “es política, en línea con la estrategia oficial de minimizar el carácter social y transversal del reclamo.
En paralelo, Álvarez volvió a cuestionar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, al sostener que carece de previsión concreta sobre el origen de los fondos para su aplicación. Se trata del mismo argumento que el Gobierno utilizó para justificar su rechazo a la normativa.
Las declaraciones más controversiales llegaron cuando el subsecretario puso en discusión principios históricos del sistema universitario argentino, como el ingreso irrestricto y la gratuidad. Señaló que permitir el acceso sin restricciones genera un costo fiscal que el Estado debe sostener, y abrió el debate sobre eventuales cupos o modificaciones en el esquema actual.
También hizo referencia al costo de formación de profesionales y cuestionó el financiamiento estatal de carreras universitarias, además de deslizar críticas hacia la presencia de estudiantes extranjeros.
Las declaraciones se produjeron apenas horas después de una de las movilizaciones más grandes en defensa de la universidad pública desde el inicio del conflicto presupuestario, en un escenario donde la tensión entre el Gobierno y la comunidad educativa continúa profundizándose.
Fuente: Página 12