Caída presupuestaria, deterioro salarial, recortes en infraestructura y la suspensión judicial de la ley de financiamiento son los principales ejes de una protesta que vuelve a poner en el centro del debate el futuro de la educación superior pública en Argentina.
Buenos Aires.- La cuarta Marcha Federal Universitaria se desarrolla en un contexto de fuerte tensión entre el sistema de educación superior y el Gobierno nacional, con reclamos que exceden el plano salarial y apuntan a una reducción estructural del financiamiento de universidades, hospitales universitarios, obras de infraestructura y programas educativos. Rectores, docentes, estudiantes y trabajadores no docentes advierten que el ajuste compromete el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio y amenaza la sostenibilidad de uno de los sistemas universitarios públicos más grandes de América Latina.
Uno de los principales cuestionamientos está vinculado al presupuesto destinado a las universidades nacionales. Para 2026, el Gobierno prevé una asignación de $4,8 billones para educación superior, pero distintos análisis sostienen que, frente a la inflación proyectada, eso implicaría una caída real del 18,4% respecto de 2025 y del 42% en comparación con 2023. Durante el primer cuatrimestre de este año ya se ejecutaron $1,5 billones, cifra que representa una baja real del 7,9% interanual. A esto se suma una reducción del 40,8% en gastos de funcionamiento, que incluyen servicios básicos, mantenimiento edilicio y operatividad institucional.
La situación también golpea a los hospitales universitarios, considerados clave en formación médica, investigación y atención pública. Según datos presupuestarios oficiales, en los primeros cuatro meses de 2026 sólo se ejecutó el 9,3% de los fondos asignados a esas instituciones, con una caída real del 67,1% frente al año pasado. Desde el sector advierten que esto pone en riesgo prestaciones, insumos y servicios esenciales.
En paralelo, el deterioro salarial de docentes y no docentes es otro de los focos centrales del conflicto. De acuerdo con Conadu, un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió en abril un salario bruto de $332 mil, con una pérdida real acumulada superior al 34% desde fines de 2023. La caída del poder adquisitivo, sumada a la reducción del presupuesto salarial general, profundizó medidas de fuerza y protestas en distintas universidades del país.
Además, el Gobierno nacional oficializó en las últimas horas nuevos recortes por $78.768 millones en el área educativa, incluyendo infraestructura universitaria, becas, políticas socioeducativas y programas de alfabetización. Entre las medidas más cuestionadas figura la paralización de obras en trece universidades nacionales y la eliminación de transferencias para proyectos de infraestructura del conocimiento.
Otro punto central de la movilización es el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2025, que establecía actualizaciones automáticas por inflación para partidas y salarios. Aunque el Parlamento rechazó el veto presidencial, la Justicia suspendió recientemente su implementación, dejando su futuro en manos de la Corte Suprema.
Con alrededor de 2,5 millones de estudiantes y más de 220 mil trabajadores, las universidades sostienen que la protesta busca defender no sólo salarios y presupuesto, sino también el acceso a la educación pública como política estratégica para el desarrollo nacional.
Fuente: Ambito.com