La ley dispone un nuevo Régimen Penal Juvenil. La edad de imputabilidad quedó establecida en 14 años. La votación terminó 44 a 27, con una abstención.
La Libertad Avanza obtuvo hoy una clara victoria en el Senado, donde logró convertir en Ley el nuevo Régimen Penal Juvenil -con baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años- por 44 votos positivo, a 27 negativos, con una abstención.
Si bien el principal cambio es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, la iniciativa del Gobierno crea todo un nuevo régimen penal para los menores de edad en el que se contemplan una batería de medidas procesales que van más allá de la detención de los sentenciados.
Así, los jueces podrán optar por castigos que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando el o los delitos tengan penas de hasta 3 años de prisión. El mismo esquema se aplica para casos de hechos castigados con penas de hasta 10 años de detención, pero que no impliquen la muerte o graves lesiones a la víctima.
La pena máxima posible será de 15 años aun cuando las escala penal o la suma de penas, por el concurso de varios delitos, sea superior. La privación de la libertad se aplicará solo en delitos graves, como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual. Prohíbe la sentencia a reclusión y prisión perpetuas.
En los casos que el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
La norma es fuertemente cuestionada por organizaciones civiles. E l Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió que la iniciativa vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y no garantiza que la privación de libertad sea una medida excepcional, por el tiempo más breve posible y sujeta a revisión periódica. Además, desconoce recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura, que instaron al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.
Según datos relevados por el CNPT, al 31 de diciembre de 2024, 4.119 adolescentes se encuentran bajo el sistema penal juvenil y solo 48 tienen menos de 16 años (1,2% del total). Además, 865 están bajo medidas de privación de libertad y 44 menores de 16 años se encuentran privados de libertad (5,1%).
El CNPT sostuvo que la “población no punible es cuantitativamente reducida” y reiteró que cualquier reforma debe adecuarse estrictamente a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y los estándares internacionales vigentes, “priorizando medidas alternativas al encierro y políticas públicas de protección integral”