Prestadores de servicio, instituciones, familiares y personas con discapacidad se movilizarán este miércoles a las 11 frente a la Municipalidad.
Desde la agrupación Prestadores Unidos Mdp convocaron a una movilización este miércoles 1 de octubre para rechazar el Decreto 681/2025 del Ejecutivo nacional que dilata la aplicación de la ley que declara la Emergencia en Discapacidad. La manifestación será a las 11 frente al municipio de General Puyerredón (Luro e Yrigoyen)
“Convocamos a prestadores, personas con discapacidad, familias, instituciones, transporte y a toda la comunidad en general a rechazar enérgicamente el Decreto 681/2025”, expresa el comunicado de la agrupación.
Vale la pena destacar que la ley fue aprobada por el Congreso de la Nación, luego vetada por el presidente Javier Milei y nuevamente ratificada por el Poder Legislativo que rechazó el veto con más de dos tercios en cada cámara.
Si bien el Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 como establece la constitución decidió dilatar su implementación, condicionando su entrada en vigencia a futuras partidas presupuestarias.
El argumento del Gobierno nacional ¿De dónde saldrían los fondos?
El decreto indica que “en consecuencia, la implementación de la Ley N° 27.793 demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente PESOS TRES BILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 3.019.508.900.000), equivalente a CERO COMA TREINTA Y CINCO POR CIENTO (0,35 %) del Producto Bruto Interno (PBI)”.
“Que por el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera se prevé expresamente que “[t]oda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
“Que independientemente de la disposición citada, y a pesar de los gastos que conlleva la medida propuesta, el H. CONGRESO DE LA NACIÓN omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el ESTADO NACIONAL”.
Desde la opisición señalaron que es el Ejecutivo nacional el que debe decidir de donde salen los recursos para implementar las leyes.
El texto en rechazo al decreto de Prestadores Unidos MdP sostiene que el mismo “desnaturaliza la voluntad del Congreso” y “vacía de contenido una conquista histórica”.
“Coloca a las personas con discapacidad en mayor vulnerabilidad.
Una emergencia real y palpable
Cierran escuelas de educación especial, talleres protegidos y centros de rehabilitación.
Se suspenden terapias y tratamientos indispensables por desfinanciamiento.
Profesionales y equipos interdisciplinarios abandonan el sistema ante la precariedad”.