Con 128 votos a favor la Cámara Baja aprobó una comisión especial que indagará sobre la responsabilidad política y administrativa de los funcionarios del Ejecutivo en presunta estafa con la criptomoneda.
Buenos Aires.- Con apoyos inesperados, la oposición aprobó esta tarde en la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora sobre la promoción que el presidente Javier Milei hizo sobre la criptomoneda $LIBRA y que generó una presunta estafa a miles de inversores alrededor del mundo.
Con 128 votos a favor, 93 rechazos y siete abstenciones, se creó este cuerpo especial que se constituirá el 23 de abril con sus respectivas autoridades.
Los bloques parlamentarios tendrán tiempo hasta el 11 de abril para presentar a sus representantes, mientras que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, deberá oficializar la resolución de integración a más tardar el 15 de este mes.
La votación fue posible gracias a una inesperada articulación de fuerzas. Al acompañamiento de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, se sumaron diputados alineados con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Catamarca, Raúl Jalil.
En cambio, el oficialismo de La Libertad Avanza, junto al PRO y la mayoría de los legisladores radicales, intentó sin éxito vaciar el quórum. Solo Julio Cobos y Fabio Quetglas se desmarcaron y dieron su apoyo a la iniciativa.
El proyecto establece que la comisión tendrá amplias facultades para solicitar informes al Poder Ejecutivo, convocar a funcionarios a declarar e incluso interpelar a quienes considere pertinentes. El objetivo es esclarecer cómo se desarrolló la operatoria con la criptomoneda $LIBRA, cuál fue el nivel de conocimiento y participación de distintos organismos estatales, y si existió algún tipo de encubrimiento u omisión de control.
El avance de esta comisión se da en medio de una creciente presión social y política por el impacto del caso, que dejó a miles de ahorristas afectados en todo el país y motivó denuncias penales, demandas civiles y presentaciones ante organismos internacionales. La investigación también apunta a dilucidar si hubo aprovechamiento político o uso de estructuras estatales para facilitar el fraude.
Fuente: Página 12 y Minuto Uno