Valeria Crespo, concejal de Unión por la Patria, advirtió sobre el riesgo que la futura concesión de los estadios Minella y Polideportivo imponga una carga financiera sobre los marplatenses si no se aclaran los términos del contrato.
La propuesta de licitación para concesionar los estadios José María Minella y Polideportivo Islas Malvinas sigue generando debate en el Concejo Deliberante. La concejal de Unión por la Patria, Valeria Crespo, manifestó su preocupación por las posibles implicancias económicas para los ciudadanos al final de la concesión, específicamente si el concesionario queda habilitado a solicitar una compensación por las obras realizadas durante el período de explotación.
Según la propuesta del Ejecutivo, la concesión cubriría un plazo de 30 años, con una prórroga de 10 años adicionales. Crespo sostuvo que este tipo de acuerdos de largo plazo debe ser analizado “con mucha responsabilidad”, debido a que involucra espacios públicos emblemáticos de la ciudad y una significativa inversión privada. Su mayor inquietud radica en la posibilidad de que el concesionario establezca un “Derecho Real de Superficie” en las obras de infraestructura nuevas, lo que le otorgaría derecho a una indemnización al finalizar la concesión.
“El pliego establece que las obras nuevas quedarán para el municipio, pero también permite que el concesionario pueda constituir un Derecho Real de Superficie. Sin una aclaración expresa, al término de la concesión el concesionario podría exigir una indemnización, y eso es algo que los marplatenses no deberían estar obligados a pagar”, señaló Crespo.
La propuesta de licitación para concesionar los estadios José María Minella y Polideportivo Islas Malvinas sigue generando debate en el Concejo Deliberante. La concejal de Unión por la Patria, Valeria Crespo, manifestó su preocupación por las posibles implicancias económicas para los ciudadanos al final de la concesión, específicamente si el concesionario queda habilitado a solicitar una compensación por las obras realizadas durante el período de explotación.
Según la propuesta del Ejecutivo, la concesión cubriría un plazo de 30 años, con una prórroga de 10 años adicionales. Crespo sostuvo que este tipo de acuerdos de largo plazo debe ser analizado “con mucha responsabilidad”, debido a que involucra espacios públicos emblemáticos de la ciudad y una significativa inversión privada. Su mayor inquietud radica en la posibilidad de que el concesionario establezca un “Derecho Real de Superficie” en las obras de infraestructura nuevas, lo que le otorgaría derecho a una indemnización al finalizar la concesión.
“El pliego establece que las obras nuevas quedarán para el municipio, pero también permite que el concesionario pueda constituir un Derecho Real de Superficie. Sin una aclaración expresa, al término de la concesión el concesionario podría exigir una indemnización, y eso es algo que los marplatenses no deberían estar obligados a pagar”, señaló Crespo.