La comunidad universitaria se prepara para el veto a la Ley de Financiamiento universitario prometido por el presidente Milei.
Buenos Aires.- La promesa del presidente, Javier Milei, de vetar la Ley de Financiamiento a universidades votada en el Congreso de la Nación y el flaco presupuesto destinado para el 2025 provocó la reacción de la comunidad universitaria: autoridades, gremios y estudiantes que ya definieron para esta semana las medidas de lucha que adoptarán y una marcha federal en potencia para los primeros días de octubre, si el veto finalmente se consuma.
Por un lado, los gremios docentes y no docentes convocaron a un paro nacional para el jueves 26 y viernes 27 de septiembre para visibilizar la situación. Y por otro, se está organizando una gran marcha universitaria que intentará replicar la masividad de la primera, que fue el 23 de abril. Organizan las universidades, los sindicatos y los centros de estudiantes y será la primera semana del mes próximo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá este el martes 24 y a las 17.30 dará una conferencia de prensa para confirmar el día, que se prevé será el 2 de octubre. Además, el 27 habrá jornadas de visibilización en todo el país y los rectores difundirán un documento consensuado.
“Le vamos a pedir al Congreso que salve a la universidad pública, que vote a favor de la expectativa de futuro de millones de argentinos que hoy estudian en las universidades y que están viviendo una situación de angustia terrible, como también lo están haciendo sus docentes y no docentes”, indicaron las autoridades de la Federación Universitaria Argentina (FUA),
Las acciones no son solo en la calle, también en el palacio: los rectores de las universidades de todo el país están conversando con los diputados de cada una de sus provincias para que no acepten el veto. Si bien consideran que no es una tarea fácil, tienen alguna esperanza porque el peso de una decisión así impacta en los territorios provinciales. En el país, hay 115 universidades, 63 son públicas y acapara el 80 por ciento de los 2,5 millones de estudiantes que existen. “Esperamos que insistan con el proyecto que votaron y no se vaya a comer un asado a Olivos. No queremos de nuevo con diputados festejando que dieron de baja una ley”, afirmó el secretario de Organización de CONADU, Federico Montero.
En Ley de Financiamiento que sancionó el Congreso se declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024 y actualiza las partidas del Presupuesto 2023, prorrogado por el Gobierno de La Libertad Avanza. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley es del 0,14 por ciento del PBI, un número ínfimo que el Milei no está dispuesto a pagar.
“Con esto y el presupuesto le están echando más leña al fuego”, advirtió Montero. “El presupuesto continúa el recorte el año 2024 e incluso lo profundiza. Si lo tomamos en relación a porcentaje del PBI avanza en recortarlo: este año estaba en el 0.53 y lo lleva al 0.50”, explicó.
Esta semana, el Senado envió el texto de la norma a la Secretaría Legal y Técnica, que conduce Javier Herrera Bravo, y ahora el Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles para vetarlo, una decisión ya anunciada por el Presidente. Días atrás, usó su cuenta de X para reconfirmarla, citó un tweet del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, (que habló de “populismo legislativo”) y escribió: “Veto total”. “Cualquier proyecto que manden y quiera tocar la caja se los voy a vetar. Me importa tres carajos”, amenazó días atrás.
Pero el ataque al sector es doble, el Presupuesto 2025 tiene tres artículos malditos que también golpean a la educación pública de grado: reduce en más de la mitad las partidas sugeridas por las universidades, le da poder al Ejecutivo para interrumpir las transferencias de fondos si las universidades no envían información y suspende la Ley nacional de Educación que garantiza una inversión no menor al 6% del PBI.
El Presupuesto destina 3,8 billones de pesos para las universidades nacionales para el año próximo, un 52% menos de lo que pide el CIN, que es 7,2 billones. El 95% de esa diferencia tiene que ver con el dinero destinado a los salarios docentes y no docentes, que deberían estar actualizados por inflación. “El presupuesto del CIN contempla el salario empatado con la inflación y las cuentas del gobierno son con el salario 50 puntos abajo”,explicó el presidente del Consejo, Victor Moriñigo. Las casas de altos estudios conocieron las partidas después de la presentación en el Congreso y sostienen que es la primera vez en 30 años que el presupuesto no se trabaja en conjunto con el Ministerio.
En Mar del Plata también será una semana de reclamos
Como sucede generalmente, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) adhiere a las medidas de fuerza a nivel nacional pero con algunas especificidades.
La Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados del gremio decidió realizar una protesta de 48 horas el jueves 26 y viernes 27 de septiembre, pero con la modalidad de clases públicas el 26. Será en la mañana en el complejo y a partir de las 14 en la Estación Ferroautomotora.
También, el jueves 26, solicitarán la adhesión a la marcha universitaria en el Consejo Superior de la UNMdP.
Finalmente, habrá un paro de actividades el 27 de septiembre.
Otra de las actividades que promoverán esta semana serán las reuniones entre los distintos gremios para coordinar las acciones: participarán ADUM, APU, FUM, centros de estudiantes y ATE.
Fuente: Página 12