Además de la preocupación del Sindicato Marítimo de Pescadores y de la industria del sector, se sumaron las voces de algunos dirigentes políticos de diferentes espacios: Muro, Pulti y Abad.
Tras el envió al Congreso del proyecto denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” por el Gobierno nacional distintos sectores productivos del país notaron cómo el texto afectaba negativamente el funcionamiento y la relación capital-trabajo. Uno de ellos fue la industria pesquera.
Y es que el proyecto atenta contra la mano de obra argentina, la sustentabilidad de recursos y la seguridad jurídica del sector, ya que abre los permisos de pesca y termina con la zona económica exclusiva argentina, un derecho reconocido por organismos internacionales. Este cambio de paradigma alertó tanto al capital como al trabajo: a la industria y a los sindicatos.
Durante el transcurso de las primeras horas y a medida que se iba desglosando el mamotreto de 600 páginas, se escucharon las primeras voces: el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba, adelantó que estas medidas generarán pérdidas de fuentes de empleo y también remarcó que la pesca puede quedar en manos extranjeras.
“En el caso de las licitaciones internacionales pueden venir capitales chinos, por ejemplo, comprar todos los permisos y quedarse con la pesca argentina. En consecuencia, las empresas nacionales que ya están instaladas podrán tener toda la estructura pero no podrán salir a pescar si el dueño del pescado es otro. La puede pasar a cualquier empresa, sea grande o chica”, detalló.
En esa misma línea, agregó que “los empresarios argentinos que vienen trabajando desde hace años pueden tener todo, la capacidad operativa, frigorífico, el personal, los barcos, pero no tendrán lo principal que es la cuota de captura. Por ende, le quedará negociar con quien la licitó o terminar vendiéndole todo. Eso generará claramente una gran pérdida de fuentes de empleo”.
El gremialista explicó también que “hoy vemos a los buques chinos al borde de la zona económica exclusiva. Si estas medias del gobierno se ponen en práctica y ellos ganan la licitación, que la ganan poniendo dinero y lo tienen, se quedarían con las capturas por 20 años. Los capitales chinos serían los dueños de la pesca argentina porque nuestro país dejaría de tener un manejo directo de la pesca”.
“Todo esto nos parece un horror porque licitar internacionalmente la pesca no tiene sentido. Eso se hace cuando en nuestro país no hay interesados en invertir y vienen capitales de afuera. En la pesca no es así, en su mayoría hay empresas argentinas, algunas son mixtas pero la pesca es nuestra. Esto que propone el gobierno nos preocupa mucho porque afecta al trabajador y por si fuera poco perderíamos las capturas de pescado por 20 años”.
Los dirigentes
En apoyo a los sectores que integran la pesca local, se expresó el secretario de Desarrollo municipal, Fernando Muro: “La Modificación de la Ley Nacional de Pesca afectaría negativamente al trabajo de los marplatenses. Permitir que flotas extranjeras operen en nuestro mar sin ningún tipo de regulación pone en peligro el trabajo de muchas familias”, escribió en su cuenta de X.
Otro de los que se expresó en redes sociales fue Maximiliano Abad, senador nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de la UCR Buenos Aires.
Abad sostuvo que “la modificación propuesta por el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) a la Ley Federal de Pesca va en el sentido contrario al de generar mayor empleo e inversión”. Además pidió que el Gobierno nacional convoque a los distintos sectores. “Esta clara la necesidad de que el Gobierno convoque a los distintos sectores a los efectos de coordinar un crecimiento de la industria, que proteja los recursos, facilite la inversión y genere más y mejor empleo”.
Finalmente, Gustavo Pulti, exintendente de la ciudad y diputado provincial de Unión por la Patria planteó en la Cámara de Diputados Bonaerense, durante la sesión de anoche, un repudio a la desnacionalización de la explotación pesquera en la zona económica exclusiva y presentó un proyecto junto a otros diputados y diputadas exhortando al Congreso Nacional a rechazar la iniciativa prevista en la Ley Ómnibus.
Además de un cuestionamiento integral a los alcances institucionales, económicos y sociales al denominado DNU y al contenido de la Ley Ómnibus, el diputado Pulti remarcó que “las modificaciones a la ley de pesca que se proponen al Congreso de la Nación constituyen una auténtica amenaza para los intereses del trabajo y de la producción pesquera de los argentinos en general, y de los marplatenses en particular”.
“Por desconocimiento o por operaciones de intereses económicos extranjeros a los que el presidente y su equipo pueden haber sido permeables, la modificación que se propuso al Congreso es profundamente negativa. Se deja de exigir que quienes pesquen en la Zona Económica Exclusiva sean empresas nacionales con tripulación nacional y en barcos nacionales para pasar a entregar las cuotas a quien pague un mejor arancel. Se reemplaza un criterio estratégico de soberanía económica y efectiva en el mar argentino por un criterio reduccionista y brutal de carácter fiscalista” agregó el diputado, quien además de formular las observaciones en el Recinto de Sesiones, durante el transcurso de la sesión que finalizó a las dos de la mañana de la Cámara de Diputados, también ingresó con la firma de varios diputados y diputadas, un proyecto de declaración rechazando la iniciativa de la Ley Ómnibus.
“Le pedimos al Congreso de la Nación que rechace y archive el proyecto de Ley Ómnibus en lo relativo a la modificación de la ley pesquera. Hasta las Naciones Unidas, en lo relativo a los derechos del mar, se expidió ya en 1982 sobre los derechos soberanos de las naciones dentro de las 200 millas de explotación económica exclusiva que ahora se quieren entregar”, continuó Pulti.
Además, expresó que “las amenazas sobre la pesca nos duelen, porque afectan los intereses de decenas de miles de marplatenses que pueden ser reemplazados en sus puestos de trabajo por operarios de cualquier otra parte del mundo a cambio de un arancel. La ley también elimina la obligación de descargar en puertos argentinos, lo cual es otro disparate inexplicable. Sin embargo, nuestra objeción va también más allá de este aspecto tan delicado e importante para los marplatenses. Pensamos que la metodología del DNU y de la Ley Ómnibus es un verdadero atropello a las instituciones y a la democracia como nunca antes ningún gobierno lo había intentado en los 40 años que van desde diciembre de 1983. Por eso creemos que es necesario que la democracia active sus defensas, porque no es sólo un aspecto puntual sino que es, integralmente, una metodología aberrante la que se está implementando por parte del gobierno nacional avasallando facultades del Congreso para entregar negocios a medio mundo a costa del bienestar posible del pueblo argentino”.
Los principales cambios de la “ley ómnibus” para la Pesca
“Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques. Los permisos tendrán como mínimo una duración de VEINTE (20) años”.
“El Consejo Federal Pesquero podrá establecer una cuota de captura por especie. Las cuotas de captura serán asignadas por la autoridad de aplicación a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada.”
“Las cuotas se licitarán por un periodo de 10 años. Cada empresa o grupo empresario podrá ejecutar su cuota de captura mediante cualquier barco que tenga un permiso de pesca”.
“Las cuotas de captura serán total o parcialmente transferibles sin autorización previa en tanto no afecten la estructura competitiva del mercado, aunque deberán ser informadas a la autoridad de aplicación. Las transferencias deberán respetar los topes determinado Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas”.
Según Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina, la actividad genera 46.000 puestos de trabajo directos en Argentina, tiene más de 140 plantas procesadoras y frigoríficos autorizados a exportar, más de 1000 buques pesqueros y reporta divisas al país por casi 2.000 millones de dólares al año.