El megadecreto de Javier Milei es la columna vertebral de su programa económico y político: modificó las reglas del trabajo, los alquileres, la salud y la actividad económica, entre otras áreas. La potencial sesión del jueves en Diputados y las movilizaciones ponen en tensión nuevamente el modelo de país que impulsa el Gobierno nacional.
El gobierno de Milei se prepara para enfrentar la ofensiva opositora en Diputados, pero también (masivas) movilizaciones en todo el país este 15 de octubre cuando coincidan el tratamiento para derogar el DNU 70/2023 en la Cámara Baja y la quinta Marcha Federal Universitaria en las calles que confluirá con las protestas contra la extranjerización de tierras.
El DNU 70/2023 – “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina” -, firmado en diciembre de 2023, declaró la emergencia pública y puso en marcha un amplio proceso de desregulación que atraviesa buena parte de la vida económica y social.
Bajo la consigna de liberar las fuerzas del mercado, el decreto modificó o derogó numerosas normas. Sus consecuencias no se limitan a los números de la macroeconomía: alcanzan derechos, contratos y actividades cotidianas.
En materia laboral, introdujo cambios en la registración del empleo, las indemnizaciones y las relaciones entre trabajadores y empleadores. En vivienda, eliminó la Ley de Alquileres y habilitó contratos con plazos, monedas e índices de actualización acordados entre las partes. La libertad contractual, sin embargo, no implica necesariamente igualdad entre quien necesita un techo y quien dispone de una propiedad.
En salud, modificó el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, incluida la posibilidad de establecer cuotas sin los anteriores mecanismos de autorización estatal. También impulsó cambios en el funcionamiento de distintos sectores económicos, flexibilizó regulaciones y abrió la puerta a transformaciones en empresas públicas.
El doble salto mortal de la Corte Suprema que comenzó con una decisión que dejó sin efecto la medida cautelar que protegía la Ley de Tierras Rurales, una norma que limita la extranjerización de terrenos y pone en juego debates sobre soberanía, ambiente y recursos naturales, continuó días después cuando el tribunal volvió a intervenir y restituyó provisoriamente su vigencia, sin resolver la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del DNU. Una secuencia judicial que, lejos de cerrar la controversia, profundizó el malestar y sumó un nuevo capítulo a la disputa política por el decreto que constituye la columna vertebral del Gobierno de Javier Milei.
Ahora, la oposición pretende reunir el quórum para tratar su derogación. Los libertarios cuestionan la convocatoria y buscan apoyos para evitarla, mientras la movilización universitaria y las protestas en defensa de la tierra suman presión social a una disputa que va más allá de lo estrictamente parlamentario.
El DNU 70/2023 reúne desregulaciones que afectan, en mayor o menor medida, la vida cotidiana de los argentinos. Un modelo que cosecha apoyos, pero también un rechazo que volverá a expresarse en las calles, porque la discusión sobre el rumbo del país excede lo que pueda resolverse en el Congreso.