Prestadores Unidos Mar del Plata aseguró que la recomposición económica prevista por la norma nunca se concretó y advirtió que persisten demoras en los pagos, recortes de prestaciones y falta de respuestas estatales, lo que mantiene al sistema en una situación crítica.
Al cumplirse un año de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Prestadores Unidos Mar del Plata denunció que el Gobierno nacional continúa sin cumplir con los principales compromisos establecidos en la norma y advirtió que el sistema sigue atravesando una situación crítica que afecta tanto a las personas con discapacidad como a sus familias, instituciones y profesionales.
A través de un comunicado, la entidad recordó que la ley representó el reconocimiento oficial de la emergencia que el sector venía denunciando desde hacía años y que contemplaba medidas para recomponer el financiamiento del sistema, actualizar el nomenclador de prestaciones y recuperar el poder adquisitivo perdido por los prestadores.
Sin embargo, sostuvo que esa recomposición “nunca ocurrió” y afirmó que el atraso histórico continúa sin resolverse. En ese sentido, señaló que durante los últimos seis meses los incrementos acumulados rondaron los 3.000 pesos por prestación, una cifra que calificó como insuficiente frente al aumento de salarios, alquileres, servicios, cargas sociales, seguros e insumos necesarios para sostener la atención.
Además, indicó que la propia ley contemplaba mecanismos de compensación económica para los prestadores, pero aseguró que, pese a que miles de profesionales realizaron las presentaciones requeridas hace más de seis meses, esos pagos todavía no fueron efectivizados.
La organización también denunció que persisten las demoras en las autorizaciones, los recortes de prestaciones sin fundamentos clínicos y los pagos fuera de término. Según explicó, numerosos prestadores reciben como respuesta de distintas obras sociales que los fondos aún no fueron transferidos por los organismos nacionales correspondientes, situación que prolonga la incertidumbre y obliga a los profesionales a sostener económicamente el funcionamiento del sistema.
“Los prestadores cumplimos. El Estado aún no”, expresaron desde Prestadores Unidos Mar del Plata, desde donde reclamaron políticas públicas concretas, mayor previsibilidad y una conducción que garantice el funcionamiento del sistema.
Finalmente, la entidad sostuvo que la emergencia reconocida hace un año “sigue siendo sostenida por las familias, las instituciones y los prestadores”, y afirmó que la discapacidad “ya no necesita más diagnósticos, sino decisiones políticas que hagan efectiva la ley y garanticen los derechos de las personas con discapacidad”.