En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, a partir de las 16,30 comenzará la movilización desde el complejo de Funes y Peña hacia el centro de la ciudad.
Este martes tendrá lugar la cuarta Marcha Federal Universitaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento para las casas de estudios superiores aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación, que el gobierno de Milei se niega a cumplir.
Se esperan movilizaciones multitudinarias en todo el país por el conflicto que se inició a raiz del desfinanciamiento de las universidades y la ciencia, y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes. Una situación que deterioró el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, que desde el 2024 realizan paros y diferentes medidas para visibilizar una problemática que se vuelve cada vez más insostenible.
En Mar del Plata, los sectores que encabezarán la protesta, la Federación Universitaria Marplatense (FUM), la Agremiación de Docentes de la Universidad de Mar del Plata (Adum), trabajadores no docentes de APU y las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) concentrarán en el predio universitario Manuel Belgrano de Funes y Peña a partir de las 16.
A las 16,30 comenzará la movilización hacia la zona céntrica por la calle San Lorenzo. Recorrerán Avenida Independencia hasta llegar a Luro y finalizarán en el Monumento a San Martín.
Diferentes gremios, espacios políticos y organizaciones sociales también acompañarán a la comunidad universitaria por lo que se espera que sea una protesta multitudinaria -al igual que las tres anteriores-.
La ley de financiamiento aprobada en el Poder Legislativo propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Según la OPC, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.