El Jefe de Gabinete volvió a quedar bajo la lupa del Poder Judicial por un piso entero que compró a través de un dudoso crédito. Según el Registro de Propiedad, las dos mujeres que figuran como vendedoras, también son acreedoras.
Buenos Aires.- El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, quedó nuevamente bajo la lupa del Poder Judicial a partir de que se conocieran los detalles de la compra de un departamento en Caballito por un total de u$s230.000 a través de un crédito que genera muchas dudas.
Según consta en el Registro de la Propiedad inmueble, el departamento era propiedad de dos jubiladas que, además de figurar como vendedoras, también figuran como acreedoras ya que le prestaron el 87% del monto total de la operación.
La vivienda en cuestión tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Según refleja el documento, ambas figuran como acreedoras de un crédito hipotecario de u$s200.000, donde cada una aportó el 50% del préstamo que le permitió al funcionario completar la compra del inmueble.
Manuel Adorni bajo la lupa de la Justicia
Según figura en el registro, el departamento antes había sido propiedad del exfutbolista Hugo Alberto Morales. La adquisición de la propiedad en el barrio porteño quedó bajo la lupa de la Justicia ya que no fue el único movimiento inmobiliario del jefe de Gabinete durante noviembre de 2025.
Ese mismo mes, Adorni compró una casa en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz. Cabe destacar que esa vivienda figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, quién también se vio afectada por las denuncias alrededor del vocero luego de su viaje a Nueva York a bordo del avión presidencial.
En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, la figura clave del armado de La Libertad Avanza no informó la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco, lo que generó sospechas sobre la evolución de su patrimonio desde que llegó a la función pública.
Según consignó el medio La Nación, ambas jubiladas involucradas en el caso, negaron conocer al funcionario público.
A raíz de esto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba en la causa que investiga al vocero presidencial por supuesto enriquecimiento ilícito. Entre los medidas solicitadas figuran oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de detectar activos que no hayan sido declarados por Adorni o su esposa.
La fiscalía justificó el pedido ya que entiende que hay “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial”.
Tras la reunión de la mesa política del presidente Javier Milei, el funcionario fue ratificado en su cargo y, por lo menos por ahora, continuará ejerciendo sus funciones como Jefe de Gabinete y vocero presidencial.
Fuente: Ambito.com