La iniciativa, que todavía transita sus últimos ajustes técnicos, busca endurecer el enfoque del Estado sobre los flujos migratorios, con el argumento de combatir el crimen organizado y reforzar los mecanismos de expulsión de extranjeros que delinquen.
El Gobierno avanza en una reconfiguración en migraciones, con una decisión que combina control territorial, reordenamiento institucional y señales políticas hacia adentro del oficialismo, con el decreto que dará nacimiento a la Agencia de Seguridad Migratoria. Un nuevo organismo que concentrará el control de los pasos fronterizos y que tendrá como principal referencia política al exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.
La iniciativa, que todavía transita sus últimos ajustes técnicos, busca endurecer el enfoque del Estado sobre los flujos migratorios, con el argumento de combatir el crimen organizado y reforzar los mecanismos de expulsión de extranjeros que delinquen. Sin embargo, puertas adentro y fuera del Gobierno, la comparación con el ICE estadounidense aparece como un fantasma recurrente y alimenta cuestionamientos sobre el alcance real de la medida.
Según trascendió, la nueva agencia dependerá directamente del Poder Ejecutivo y contará con un esquema jerárquico propio, lo que supone un corrimiento del modelo actual de la Dirección Nacional de Migraciones. Aunque desde el oficialismo insisten en que las funciones estarán limitadas al control en fronteras, aeropuertos y puertos, distintos sectores advierten que se trata de una ampliación significativa del poder estatal en materia migratoria.
En paralelo, la definición de Diego Valenzuela como eventual titular del organismo dejó al descubierto tensiones internas dentro del Gobierno. El exjefe comunal de Tres de Febrero cuenta con el respaldo explícito de Milei y de la senadora libertaria Patricia Bullrich, pero su desembarco generó fricciones con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que observa con recelo cualquier avance que pueda superponerse con su cartera.
La arquitectura final de la Agencia de Seguridad Migratoria fue trabajada por los ministerios de Seguridad y de Transformación del Estado y Descentralización, además de la Secretaría Legal y Técnica que conduce María Ibarzábal Murphy. Desde allí se ultiman los detalles normativos, mientras persiste una incógnita clave: si el organismo contará o no con una fuerza propia, lo que implicaría redefinir funciones hoy en manos de la Gendarmería o la Prefectura.
Actualmente, la Dirección Nacional de Migraciones dispone de unos 2.000 agentes civiles no armados distribuidos en todo el país. El nuevo esquema, en cambio, abre la puerta a una mayor concentración de poder operativo, una definición que todavía no fue explicitada pero que genera inquietud incluso dentro de la coalición libertaria.
El giro en la política migratoria, no obstante, no es improvisado. En noviembre del año pasado, Patricia Bullrich ya había anunciado la transformación de Migraciones en una agencia nacional con un enfoque “integral”, apuntando a reforzar los controles frente al avance de los delitos trasnacionales. Esa hoja de ruta encuentra ahora un correlato institucional más duro y con mayor peso político.
Mientras el decreto sigue bajo revisión, el Gobierno comenzó a desplegar señales concretas en el territorio bonaerense. En Villa Celina, partido de La Matanza, se realizó un operativo de control migratorio en el que fueron identificados 16 ciudadanos extranjeros en situación irregular, tras un procedimiento que incluyó controles biométricos a 385 personas en la vía pública.
El operativo fue llevado adelante por la Dirección Nacional de Migraciones junto con la Policía Federal Argentina y derivó en intimaciones administrativas para regularizar la situación migratoria, con la advertencia de posibles expulsiones. Sin allanamientos y con despliegue visible en el conurbano, el procedimiento funcionó como una muestra anticipada del enfoque que busca imprimir la Casa Rosada.
En ese escenario, la figura de Valenzuela vuelve a ganar centralidad. Exmacrista y parte del primer grupo de intendentes bonaerenses que migraron a La Libertad Avanza, el dirigente pidió licencia a su banca en el Senado provincial en diciembre, lo que fue leído como un anticipo de su salto a la órbita nacional. Su reemplazo será Marisa Pirillo, funcionaria del PAMI en Morón, cuya llegada también generó ruido político.
La eventual designación del exintendente no estuvo exenta de polémicas internas. En Casa Rosada hubo reparos por la posibilidad de que cuente con estructura ampliada, cargos duplicados. También circularon versiones, que luego fueron descartadas, sobre el control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo que tensó aún más la relación con Seguridad.