Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser “encubiertas”. La oposición denuncia que es una reforma “muy regresiva y peligrosa”.
Buenos Aires.- Mientras todos estábamos pendientes del brindis de fin de año y los festejos, Javier Milei firmaba el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que produce una reforma total en el sistema de inteligencia. La modificación tiene como principal consecuencia el empoderamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), algo que no pasó desapercibido por las fuerzas políticas opositoras.
Según el DNU, todas las actividades de la central de espías pasarán a ser “encubiertas”, los agentes podrán aprehender personas en casos de flagrancia y pedir apoyo técnico y logístico a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas federales.
No es una estrategia nueva: ya lo había hecho en julio de 2024, cuando hizo que la SIDE resucitara desde las tinieblas y además intentó ampliar los fondos reservados para este organismo.
La normativa separa ciberinteligencia de ciberseguridad lo que divide el mando en dos espadas esenciales del esquema libertario: la Agencia Federal de Ciberinteligencia, que quedará a cargo de la SIDE, al mando del asesor Santiago Caputo, y el Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la jefatura de gabinete de Manuel Adorni, que responde a Karina Milei.
La decisión de La Libertad Avanza cayó muy mal en varios sectores de la oposición -otros aún no se pronunciaron- porque ni siquiera se mencionó la reforma durante las sesiones extraordinarias de diciembre convocadas por Milei. El FIT, Provincias Unidas y Unión por la Patria se preparan para voltear el tema en el Congreso. Pero, para eso, se deben cumplir una serie de pasos previamente.
La Secretaría de Inteligencia, que dirige hace un mes Cristian Auguarda, seguirá funcionando como un paraguas. Debajo de ella hay cuatro órganos desconcentrados. Algunos de ellos cambiarán de nombre y funciones. El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) –enfocado hacia el exterior– seguirá sin modificaciones. La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) dejará de existir con su actual diseño. El Gobierno terminó concediendo que sus funciones se topaban con el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el organismo creado por Patricia Bullrich y que concentra las áreas de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA). La ASN pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).
Los mayores cambios estarán en la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), que ahora será la Agencia Federal de Ciberinteligencia. Todas las cuestiones de ciberseguridad quedarán bajo la órbita de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete. Allí se creará un Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En lo que parece ser un cambio cosmético, la División Asuntos Internos (DAI) pasará a ser la Inspectoría General de Inteligencia (IGI). Allí era donde reinaba Auguadra hasta su ascenso como Señor Cinco.
El Ejecutivo también eliminará la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Esto involucra vaciar de poder al Ministerio de Defensa como estructura civil y dejar las cuestiones de inteligencia en manos de las Fuerzas Armadas directamente.
Más allá de los cambios en las estructuras, lo relevante es lo que se habilita en la práctica. Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten “carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”, dice el DNU 941/2025. Quienes estaban analizando el texto miraban con extrañeza que se usara la palabra “encubierto” y no “secreto”. Durante el macrismo, casi todas las actividades de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tenían carácter secreto.
En línea con el secretismo y posiblemente para perseguir al periodismo, la reforma también habilita la ejecución de tareas de inteligencia ante la “fuga de información clasificada”. No es un dato menor, sobre todo después de la filtración del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que derivó en denuncias en distintos fueros porque habilitaría el espionaje sobre distintos colectivos.
Los ministerios, organismos y entes descentralizados pasan a ser sujetos activos de contrainteligencia. La SIDE podrá exigir, además, información a todas las agencias del Estado.
Los agentes de la SIDE estarán facultados a aprehender personas, algo que tenían vedado en la Ley 25.520. En un paso más que da el Gobierno por romper los consensos edificados al regreso de la democracia, la reforma habilita a la SIDE a requerir la asistencia o apoyo técnico y/o logístico por parte de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y las fuerzas policiales. Volverán a actuar conjuntamente, una unidad que se buscó fracturar tras la experiencia de la dictadura.
“Es la creación de una policía secreta, ya no se trata de un organismo de inteligencia”, sostiene Leopoldo Moreau, expresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) viene denunciando las maniobras que favorecen el espionaje ante los tribunales. En 2024, cuestionó en el fuero contencioso administrativo el DNU 614 –que resucitó a la SIDE–. En ese expediente, la gestión libertaria ya había hecho su apuesta a favor del secreto cuando fue a pedir que todo el trámite fuera reservado, algo insólito ya que no se discutían operaciones “encubiertas”. Ahora, avanza en ese sentido con el nuevo DNU.
Fuente: Página 12, Cenital y Ambito.com