El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, pidió que la Corte Suprema aumente a 12 años la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad.
El procurador general, Eduardo Casal, pidió este jueves que la Corte Suprema de Justicia aumente de seis a doce años de prisión la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad, en la que se encuentra acusada de encabezar una asociación ilícita a través de la obra pública de la provincia de Santa Cruz.
En efecto, Casal presentó este jueves ante la Corte Suprema de Justicia un dictamen de 13 páginas en el que mantuvo la postura de la Fiscalía de agravar la actual condena de Cristina Kirchner de seis años de prisión por administración fraudulenta, en la Causa Vialidad.
De esta manera, los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti quedaron en condiciones de resolver la situación penal de la titular del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional.
En ese marco, existe una expectativa especial sobre cuándo la Corte se expida sobre la situación de Cristina Kirchner, porque el fallo incluye además de la condena una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en pleno año electoral, la decisión del máximo tribunal sería definitorio para el peronismo.
Vale mencionar que, la Corte Suprema tendrá que resolver la postura de la Fiscalía y el pedido de la defensa de Cristina Kirchner, que solicitó su absolución, lo mismo que el resto de los condenados en el juicio.
En concreto, quienes solicitaron su absolución en la Causa Vialidad, además de Cristina Kirchner, fueron el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad José Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.
Cabe recordar que, la Justicia consideró que, entre 2003 y 2015, altos funcionarios públicos nacionales y provinciales, incluida la expresidenta, orquestaron una maniobra fraudulenta que desvió fondos públicos hacia Lázaro Báez, a través de la asignación de obras viales en Santa Cruz.
En ese marco, los jueces a cargo de la Causa Vialidad subrayaron que este esquema fraudulento permitió a las empresas de Báez, que carecían de experiencia en construcción, ganar numerosas licitaciones de obra pública en la provincia.