La ley de financiamiento fue aprobada en el Congreso, luego vetada por el Gobierno nacional y finalmente ratificada en el Poder Legislativo en octubre de 2025. Desde la CONADU anunciaron paros progresivos para lo que queda de marzo y abril.
La semana -que comenzó el lunes 16 de marzo- marcó una nueva medida de fuerza de la comunidad universitaria a nivel nacional con un paro de 6 días y la decisión de continuar la lucha contra el gobierno de Javier Milei, que no cumple con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso de la Nación, vetada por el Ejecutivo y finalmente ratificada por el Poder Legislativo el 3 de octubre del año pasado.
El Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió en asamblea la realización de paros progresivos durante todo el semestre en las casas de altos estudios de todo el país.
El reclamo no solamente pasa por la aplicación de una ley aprobada y ratificada en el Poder Legislativo nacional, sino también por la convocatoria a paritarias para salarios que quedaron muy por debajo de la inflación: “Hoy un cargo de 10 horas semanales percibe un salario de $250.000, mientras que uno de 40 horas llega a $1.000.000, cifras que no alcanzan para cubrir las necesidades de ninguna familiar argentina”, denuncian los trabajadores.
En la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) tanto los trabajadores docentes de ADUM (Agremiación Docente Universitaria Marplatense) como los de APU (Asociación de Personal Universitario) resolvieron confluir en la medida de fuerza entre el lunes 16 de marzo y el viernes 20, que también incluyó una movilización a la sede del rectorado.
Para este 2026, la UNMdP aumentó entre un 15 y 20% la cantidad de inscriptos con respecto al año pasado, según informó la rectora, Mónica Biasone, quien además ha manifestado en entrevistas que “estamos orgullosos y contentos” por el número de estudiantes que se sumarán en el nuevo cicló lectivo. Esto implica también redoblar la apuesta y los esfuerzos en la lucha por salarios dignos y mover el peso de la motosierra del gobierno nacional que cae sobre la educación pública, particularmente sobre las universidades.
El paro universitario de 6 días marca un comienzo de año atravesado por el conflicto de los trabajadores con un gobierno que quiere dar el brazo a torcer pero tampoco cumplir con lo que marcan las reglas democráticas, En este sentido, la medida de fuerza, en la semana en la que debieron iniciar las clases seguramente no será la última ya que desde la CONADU tienen previso paros progresivos que continuarán la semana del 30 de marzo y el 27 de abril, con una marcha para el 27-04 -fecha propuesta-.
La ley de Financiamiento Universitario, que debería estar vigente, establece actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para 2025, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La iniciativa también incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Según la OPC, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.
Pero la pelea no se queda ahí, también exigen al Poder Judicial que haga cumplir la ley aprobada en el Legislativo y que deje de dilatar la situación . Pero además exhortan a todos los legisladores de los distintos bloques del Congreso de la Nación a rechazar cualquier intento de modificación de la ley aprobada, teniendo en cuenta que el Ejecutivo nacional envió su propio proyecto.
Como explica el sitio web Chequeado.com el proyecto libertario indica que la recomposición salarial será de manera escalonada, actualizando los básicos del personal docente y no docente de las universidades nacionales con un esquema de 3 aumentos, cada uno del 4,1%, comenzando el 1º de marzo.
En la ley vigente se indica que el Poder Ejecutivo deberá actualizar los salarios entre el 1º de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al IPC en el mismo período. Y que el nuevo esquema se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
Además, establece que todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y que en el año de entrada en vigencia de la norma “deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente”. Esta parte se elimina en el nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo.
En cuanto a paritarias el nuevo proyecto mantiene la obligación de convocarlas “con una periodicidad que no podrá exceder los 3 meses calendario”, pero elimina la parte de la ley vigente donde dice que las mismas se deben convocar “asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC”.
Financiamiento universitario: el nuevo proyecto especifica que los gastos dispuestos por la ley serán afrontados sólo con las partidas correspondientes a educación universitaria, y que el exceso se cubrirá con cargo a las partidas de las Obligaciones del Tesoro.
Sin embargo, en la ley vigente ya se indica que “el Poder Ejecutivo nacional dispondrá los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios (…) sin impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos a las provincias ni a los aportes del Tesoro nacional”, y que la ley “podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos”.
Gastos de funcionamiento: el nuevo proyecto indica que el presupuesto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales se ajustará en la medida en que la inflación, según el IPC, supere el 14,3%, “promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”.
Además, elimina la recomposición presupuestaria de 2024, por lo que lo perdido en ese período por la inflación no se recuperaría.
En la ley vigente se indica que el Poder Ejecutivo nacional actualizará el monto al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2024. Sería un aumento del 31,9%.
Hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, y Extensión universitaria: en la ley vigente, las partidas presupuestarias para el funcionamiento del sistema de salud universitario, la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, el fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las universidades y el fortalecimiento de la actividad de Extensión Universitaria las debe actualizar el Poder Ejecutivo desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, de forma bimestral, de acuerdo con el IPC.
El nuevo proyecto indica que el presupuesto vigente para el sistema de salud universitario será incrementando en $ 80 mil millones. No menciona las otras partidas presupuestarias, ni tampoco una actualización periódica.
Fuente: Chequeado.com