El municipio de Villa Allende comenzará a implementar el programa tras un fallo judicial que avaló la medida. Instalarán portones como estrategia ante el aumento de los hechos delictivos.
Este cierre se enmarca en el “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”, una estrategia respaldada por la ordenanza 14/25, como respuesta al persistente aumento de hechos delictivos en el municipio donde, según datos oficiales, el 60% de los robos se registran durante la noche.
Villa Allende se prepara para una decisión sin antecedentes en Córdoba: desde febrero aplicará cierres nocturnos en calles secundarias mediante portones. La medida apunta a achicar “ventanas de fuga” y ordenar accesos en barrios golpeados por robos, con un dato que el municipio repite como síntoma: la mayoría ocurre de noche.
El plan había quedado frenado por una cautelar, pero volvió a la agenda tras un fallo que lo avaló. La discusión, ahora, se corre del “si” al “cómo”: qué calles, con qué controles, quién abre y cierra, y cuánto cambia la vida cotidiana en una ciudad atravesada por el corredor metropolitano de Córdoba.
En ese punto, el municipio remarcó que solo el 1,98% de empadronados expresó rechazo formal. Para la Justicia, ese proceso ayudó a sostener la legitimidad del esquema, aun cuando la controversia sigue abierta: los demandantes anunciaron que apelarán la resolución.
Cómo funciona
La primera etapa contempla 15 portones en Pan de Azúcar y Lomas Sur, con cierres entre las 22 y las 6. La apertura y el cierre quedarían a cargo de personal municipal, y la restricción se aplicará sobre calles secundarias, no sobre arterias principales, según la planificación oficial.
El intendente Pablo Cornet explicó que se trata de una respuesta práctica ante el aumento de delitos y que el objetivo es generar “corredores seguros” con costos controlables. En la hoja de ruta aparecen futuras expansiones por zonas y barrios, atadas a resultados y aceptación vecinal.
Plan integral
El cierre nocturno no viaja solo. La Municipalidad lo encuadra en un programa más amplio que suma monitoreo y movilidad: 300 cámaras de seguridad y ocho móviles adicionales, con la idea de reforzar patrullajes y vigilancia en accesos definidos, en un esquema que combina prevención situacional y respuesta rápida.
En el oficialismo local, el argumento es directo: si el delito opera con ventaja en la noche, la prioridad es reducir oportunidades y mejorar capacidad de seguimiento. El plan apuesta a la disuasión y a la trazabilidad, un concepto que gana peso en municipios del Gran Córdoba.
Rechazo vecinal
Del otro lado, la resistencia se sostiene sobre derechos y forma. Vecinos que impulsaron el amparo denuncian que se restringe la libre circulación y que se abre un antecedente de “segregación” urbana. También cuestionan la falta de estudios que prueben eficacia y advierten sobre desplazamiento del delito a zonas linderas.
Qué sigue
Con la apelación anunciada, el caso todavía tiene capítulos judiciales por delante. En lo operativo, el municipio trabaja con pliegos y cotizaciones y apunta a tener los primeros portones instalados entre febrero y marzo, con un despliegue gradual que buscará evitar un “apagón” total de circulación.