La iniciativa tiene como objetivo incentivar la exteriorización de los “dólares de colchón”.
Buenos Aires. El senado aprobó este viernes el proyecto de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas clave del combo económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa tiene como objetivo incentivar la exteriorización de los “dólares del colchón” y reducir la persecución penal por evasiones de bajo impacto económico.
De esta manera el Ejecutivo nacional tuvo su primer gran triunfo en el Congreso de la Nación ya que también logró aprobar en general el Presupuesto 2026, el proyecto madre que marca la hoja de ruta en política económica y financiera para el año que viene.
La norma introduce cambios profundos en el Régimen Penal Tributario, eleva de manera sustancial los umbrales a partir de los cuales una infracción se considera delito y recoge observaciones realizadas por sectores de la oposición, especialmente en relación con las multas automáticas aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA).
Nuevos montos para la evasión penal
Uno de los ejes centrales del proyecto es la actualización de los montos mínimos para que exista delito penal tributario, que hasta ahora se encontraban desfasados por la inflación.
Con la nueva ley, se considerará evasión simple únicamente cuando el monto evadido supere los $100 millones, mientras que la evasión agravada pasará a configurarse recién a partir de los $1.000 millones.
En los casos en los que intervengan personas físicas o jurídicas, estructuras legales o jurisdicciones que dificulten identificar al responsable, el piso para la evasión agravada se eleva de $2 millones a $200 millones. Si se utilizan facturas o documentación apócrifa, el umbral sube de $1,5 millones a $100 millones.
Garantías legales y menor litigiosidad
Desde el oficialismo señalaron que el objetivo es dar previsibilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes que decidan regularizar su situación, ofreciendo garantías legales frente a eventuales procesos penales en futuras administraciones.
La lógica del proyecto invierte el criterio vigente: a partir de ahora, el contribuyente será considerado inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario, y no al revés, como ocurre en la actualidad. Con ello, el Gobierno busca reducir la litigiosidad, desalentar la informalidad y fomentar el uso del sistema financiero formal.
Cambios en Ganancias y declaraciones simplificadas
La ley también introduce modificaciones relevantes en el Impuesto a las Ganancias, con la creación de un régimen simplificado. En este esquema, se elimina la obligación de justificar el consumo y el patrimonio inicial.
En la práctica, el contribuyente ya no deberá explicar cómo gastó su dinero: si los bienes declarados al cierre del año son consistentes con los ingresos informados, ARCA no podrá presumir evasión. El foco pasa de analizar el gasto a evaluar el patrimonio final.
El régimen será voluntario, no alcanzará a grandes contribuyentes y tendrá límites claros: hasta $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio. ARCA confeccionará una declaración jurada con la información disponible y el contribuyente podrá validarla o corregirla.
Plazos más cortos y multas más duras
Otro punto relevante es la reducción de los plazos de prescripción para las fiscalizaciones. ARCA tendrá tres años, en lugar de cinco, para revisar declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma.
A cambio, se endurecen las sanciones por incumplimientos formales. No presentar una declaración jurada dejará de ser una falta leve: las multas ascenderán a $220.000 para personas humanas y $440.000 para sociedades.
Con esta ley, el Gobierno apuesta a blanquear capitales, reducir la presión penal sobre contribuyentes medios y cambiar la lógica de la relación entre el Estado y quienes pagan impuestos, en un intento por ampliar la base tributaria sin recurrir a nuevos gravámenes.
Fuente: BAE Negocios