Prestadores y familiares de personas con discapacidad se movilizan en rechazo al veto de Milei


La concentración se realizará este miércoles a las 11 frente a la Municipalidad, a la espera de la sesión en Diputados donde se tratará el rechazo al veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad.

Familias, personas con discapacidad, centros, transportistas y prestadores se movilizarán este miércoles frente a la municipalidad (Luro e Yrigoyen) en rechazo al veto (del 4 de agosto) del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad, que fue aprobada el 10 de julio en el Congreso de la Nación.

La manifestación se realizará a partir de las 11 a la espera de la sesión en la Cámara de Diputados prevista para el mediodía, donde La Libertad Avanza y colaboracionistas intentarán ratificar el veto (con un tercio de los votos del total de legisladores presentes).

Desde Prestadores Unidos Mdp destacaron que se trata de “un proyecto que surge como respuesta a la crítica situación que atraviesan diariamente las personas con discapacidad, sus familias y los equipos de profesionales que las acompañan”.

A través de un comunicado agregaron que “la emergencia es real y urgente. Hoy los recortes, la falta de presupuesto, las demoras en los pagos, la precarización laboral y la ausencia de políticas públicas efectivas están vulnerando el acceso a la salud, la educación, la rehabilitación y la inclusión plena de miles de personas”.

Finalmente, exigieron a los diputados “el máximo compromiso y responsabilidad al momento de votar”.

Proyecto de ley

La iniciativa presentada por Daniel Arroyo (Unión por la Patria) establece la regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. Además, declara el sistema de interés público nacional.

También propone una reforma del sistema de pensiones no contributivas: busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.

Trata el fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.

El proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.

Asimismo, implica una actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ya que se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.

A través de la iniciativa, se establece un fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día. En este sentido se asignarán recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.

Por último, garantiza el cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.

Sesión caliente en el Congreso de la Nación

En Diputados la oposición intentará rechazar los vetos de Milei a la emergencia en discapacidad, al aumento del 7% a las jubilaciones, la moratoria previsional y la ayuda a Bahía Blanca después de las inundaciones. Para lograr este objetivo, se necesitan dos tercios del total de votos.

Pero además, la oposición intentará destrabar y avanzar con la investigación de la criptoestafa Libra que involucra la Presidente y su entorno más intimo en el poder; y los proyectos de todos los gobernadores para distribuir recursos económicos que la Casa Rosada acapara y no distribuye a las provincias.