La magistrada no hizo lugar al pedido para que se postergue la entrega de títulos como parte de pago por la sentencia que generó la expropiación de la petrolera.
Buenos Aires.- La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictó una nueva resolución que perjudica a la Argentina por el juicio por la expropiación de YPF. En este sentido, presentó un escrito en el que rechazó el pedido del Gobierno para suspender la orden que dispone la transferencia de acciones de la petrolera estatal a Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos para litigar en esta causa.
El Ejecutivo ya anticipaba un fallo adverso y presentó una apelación ante la Cámara correspondiente, en un intento por frenar la ejecución del fallo original de septiembre de 2023, que lo obliga a pagar USD 16.000 millones.
Sin embargo, el rechazo de Preska representa un duro golpe en su estrategia legal, ya que la jueza fue especialmente crítica con la postura argentina: acusó al país de intentar “eludir sus obligaciones” y de haber aprovechado “al máximo” la prórroga que se le había otorgado sin hacer esfuerzos reales para cumplir con las condiciones impuestas.
“El supuesto daño irreparable que alega la República se deriva directamente de sus propias acciones al retrasar e intentar evadir sus obligaciones en virtud de la sentencia”, escribió Preska, en un texto que no dejó margen a interpretaciones.
El riesgo de que Argentina sea declarada en desacato sobrevuela el caso, aunque por ahora esa medida depende de que lo soliciten los demandantes. De todos modos, los especialistas advierten que un desacato en la actual situación internacional del país tendría consecuencias mucho más graves que en 2014, cuando ocurrió una situación similar durante la presidencia de Cristina Kirchner.
En aquel entonces, la economía argentina estaba más aislada y el impacto fue limitado. Hoy, la exposición en los mercados es mayor y el posible embargo de activos genera preocupación en el oficialismo.
Mientras tanto, el Gobierno continúa su camino judicial en paralelo con la apelación de fondo que discute la validez de la condena por USD 16.000 millones. Esa causa se encuentra en un circuito diferente y recién se espera una resolución para el año próximo. No obstante, la sentencia ya está firme y Burford busca cobrar, por lo que la jueza ordenó la transferencia de acciones.
Fuente: Minuto Uno