Desde la Regional Mar del Plata de la Confederación General del Trabajo expresaron que “es un intento de aniquilar la organización de los trabajadores”.
En sintonía con el rechazo de la CGT a nivel nacional, la Regional Mar del Plata de la Confederación General del Trabajo expresó su rechazo a los Decretos 340 y 342/2025, firmados por el presidente Javier Milei por considerar “que vulneran los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y en los Convenios Internacionales de la OIT ratificados por nuestro país”.
En el DNU 340/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial el Ejecutivo nacional avanza sobre el derecho a huelga de los trabajadores con los mismos argumentos que Milei utilizó en el DNU 70/23 (dictado a pocos días de asumir la presidencia) que luego fue declarado inconstitucional.
La herramienta utilizada por el Gobierno nacional fue redefinir el alcance de los servicios esenciales, limitando el paro de actividades. Además, ahora , extiende las restricciones a las huelgas incorporando una segunda categoría de actividades o sectores, calificados como “de importancia trascendental”, los cuales deberán garantizar las prestaciones en un mínimo del 50 por ciento en días de paro.
Desde la CGT local expresaron que “estos decretos representan un retroceso institucional de gravedad para el movimiento obrero argentino. Bajo el pretexto de una supuesta autonomía sindical, ponen en peligro el funcionamiento democrático y la capacidad de representación de los Sindicatos”.
El comunicado también indica que el Decreto 340/2025 refuerza la línea de su antecesor (DNU70/2023) incorporando la figura de las “actividades de importancia trascendental”, que según argumentaron es “un concepto ajeno al marco normativo argentino y a los estándares internacionales, que restringe el derecho constitucional a la huelga”.
Comunicado de la CGT local
“Estas disposiciones criminalizan las medidas de acción sindical legítimas, habilitan sanciones administrativas y disciplinarias sin intervención judicial previa, con el claro objetivo de despojar a los sindicatos del respaldo institucional mínimo necesario para sostener su rol frente a los abusos del capital y de un estado cuyo régimen es el disciplinamiento social.
La criminalización de la protesta es el mecanismo represivo deliberado y sistemático de un gobierno cuyo propósito es hambrear al pueblo argentino y rifar la soberanía nacional. Y para eso necesitan Sindicatos débiles, y al pueblo sin organización.
No es casual que los decretos se dicten en paralelo con un nuevo capítulo de entrega de los recursos naturales, esta vez en Tierra del Fuego, disfrazado bajo el discurso de la libertad de mercado. El ataque a las trabajadoras y trabajadores organizados es un ataque directo a la soberanía nacional y a los intereses del pueblo argentino”.
Finalmente, el texto señala que “rechazamos este nuevo intento de adoctrinar a la sociedad, demonizar la organización y socavar la democracia, para construir una colonia sobre las ruinas de nuestra Patria”.