El Ejecutivo presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade por “Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento agravado”.
Buenos Aires.- En una semana difícil para el Gobierno nacional, la escalada contra la jueza porteña Karina Andrade, quien liberó a más de 100 detenidos durante la represión del miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso de la Nación. En el marco de esta disputa, el Ejecutivo presentó una denuncia penal contra la magistrada por los delitos de “Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado”.
La jueza fue cuestionada tras liberar a más de cien detenidos que participaron de los incidentes de la marcha de los jubilados frente al Congreso. La presentación judicial fue radicada en el fuero federal.
Según el comunicado de la cartera, la denuncia se fundamenta “en las graves irregularidades cometidas por la magistrada” que ordenó la liberación de 114 detenidos “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”.
El escrito presentado por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich sostiene la magistrada intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios.
El ministerio de Seguridad informó que los individuos liberados contaban con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo.
La ministra Bullrich afirmó en las redes sociales que el accionar de la jueza “no fue un error, fue complicidad”. “Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones”, escribió en X.
El viernes pasado,el Ministerio presentó otra una denuncia penal contra Andrade por los delitos de “Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, y Asociación Ilícita Agravada”. El gobierno señaló como posibles responsables de los hechos al ex líder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios “con fines desestabilizadores”.
La denuncia señaló que los grupos organizados movilizados incluían barras bravasde distintos clubes de fútbol y que algunos de los manifestantes habrían recibido pagos para participar en los hechos de violencia.
“Se advierte un grave incumplimiento a las normas procesales penales en vigencia (arts. 182 y 183 del Código Procesal Penal de la Ciudad -Ley nro. 2303-, Ley Local de Reiterancia -Ley nro. 6729- y Ley Nacional de Reiterancia -Ley nro. 27.785, entre otras normativas en vigencia), decidiendo hechos graves dispuso la libertad por ‘WhatsApp’de más de 100 detenidos sin haber siquiera accedido a las actuaciones, sin haber controlado la prueba y sin haber verificado la existencia de antecedentes penales de los detenidos”, dijo el escrito presentado el viernes.
Operativo y represión en la marcha de jubilados
El miércoles pasado, jubilados acompañados por hinchas de fútbol se manifestaron contra el vencimiento de la moratoria previsional y en reclamo de un aumento en sus haberes.
El Ministerio de Seguridad desplegó un operativo y se registraron incidentes y represión. En medio del caos, un centenar de personas fue detenida y luego liberada por la jueza Andrade.
“Nadie me llevó datos certeros de que había barrabravas”, declaró la magistrada a medios radiales, y cuestionó el accionar policial: “Hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos”.
Antes de esta nueva denuncia del Gobierno, Andrade sostuvo que su decisión se basó en garantizar el derecho a la protesta. “Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución. No fue una decisión trasnochada”, afirmó. También reveló que, al momento de ordenar la liberación, solo tenía información sobre 14 detenidos, pero luego supo que había más personas arrestadas sin la notificación correspondiente.
Fuente: BAE Negocios