La Unión del Comercio, la Industria y la Producción anticipó que “la pérdida de 40.000 puestos de trabajo” ubicaría a la ciudad en un índice de desempleo “superior al 20%”. También planteó que es “innecesaria” una modificación en la normativa vigente y que el proyecto del Gobierno Nacional “atenta contra la inversión del empresario local”.
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La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) planteó un fuerte rechazo a la Ley de Pesca: “Es una reforma innecesaria que pone a la ciudad al borde de una de las mayores desocupaciones de su historia”, señaló la entidad a través de un comunicado.
La UCIP llamó “al apoyo de los distintos actores económicos y productivos externos a la pesca, a acompañar la postura del sector, mediante el cual se solicita la eliminación del capítulo completo referido a la pesca en el proyecto de Ley Ómnibus por el impacto que tendrá en toda la economía local”.
En una ciudad con una población económicamente activa de alrededor de 300.000 personas y que siempre se ubica en el podio de la desocupación, “la pérdida de 40.000 puestos de trabajo pondría a Mar del Plata en un índice superior al 20%, con las implicancias que ello ya trae no solamente al mismo sector, sino a la economía local”, anticipó Blas Taladrid, el presidente de la UCIP.
Según la visión del empresario, “es una reforma innecesaria que pone a la ciudad al borde de una de las mayores desocupaciones de su historia”.
Y continuó: “Si analizamos la pesca como cadena de valor, incluyendo no solo la actividad extractiva, sino también el sector industrial con sus subsectores, alimenticio derivada de la pesca, metalmecánica, naval, el sector comercial y de servicios que integran esta cadena, y demás proveedores, el impacto en el producto bruto se ubica entre el 20% y el 30%, cifras que de perder impactarán muchísimo en el consumo local y en la economía del partido”.
Además, Taladrid remarcó que una reforma en la Ley de Pesca no solo afecta a los asociados al sector, “sino a casi la totalidad de los asociados de la UCIP, por medio de la caída de consumo, más cuando ningún actor del sector lo ha manifestado necesario y el actual Consejo Federal Pesquero viene cumpliendo su función en los puntos modificados por el proyecto de Ley Ómnibus y cuenta con presencia del Ejecutivo Nacional y facultad de desempate en las decisiones”.
Por otro lado, el titular de la organización deslizó que la iniciativa del Gobierno Nacional “atenta contra la inversión del empresario local” que durante años se ha afincado en General Pueyrredon y que, a partir de las licitaciones de cupo sin tener en cuenta historial alguno, como por ejemplo inversión, empleabilidad y abastecimiento local, antecedentes y procesamiento en tierra, muchas firmas “verán disminuido su valor como antagónico premio al esfuerzo de años y la reinversión de utilidades”.
En este contexto, Taladrid indicó que hoy “comienzan a verse los efectos en la industria naval marplatense, ante la incertidumbre por los efectos de este proyecto en discusión, con la suspensión de construcción de buques pesqueros por falta de precisiones en la adjudicación de las cuotas de pesca“.
La asignación de cupos por parte del Consejo Federal Pesquero, como se realiza desde hace años y en la actualidad, tiene en cuenta varios criterios de las empresas a las cuales asignarles el cupo, pero fundamentalmente la sostenibilidad del recurso natural que prevea el abastecimiento actual y futuro. Y que no sea solamente recaudatorio siendo “pan para hoy y hambre para mañana”, apuntó el presidente de la UCIP.
“La ciudad en su conjunto debe defender a este sector tan importante dentro de la matriz productiva del partido, que genera empleo, consumo, ingreso de divisas, inversión y reinversión, elementos tan necesarios para el desarrollo”, consideró Taladrid.
En tanto, la UCIP mostró su apoyo al reclamo para que el sector sea incluido dentro de los cuales no tribute derechos de exportación, “que no es ni más ni menos para la economía local que una menor entrada de divisas”.
“Si bien esta es otra etapa de la discusión, porque primero se deben producir la captura, el procesamiento y la venta, pensar en un 15% de derechos de exportación, es un 15% menos de precio de venta para el exportador, menores ingresos para la economía, menor reinversión, menos dinero en el consumo local. Cualquier derecho de exportación al sector debe ser cuestionado, ya que cuanto mayor valor agregado, más dinero en términos absolutos terminan fuera de la ciudad”, finalizó Taladrid.
Los argumentos esgrimidos fueron sostenidos en los diferentes encuentros de trabajo que se llevaron a cabo este mes en la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para que se trasladen a las ponencias a nivel provincial y nacional.