El Consejo Federal Pesquero argumentó además que la expedición de la organización ambientalista Greenpeace debía incluir a científicos del Estado, pese a que no estaban disponibles. Buscaban estudiar cómo la prospección sísmica que realiza la noruega Equinor frente a las costas de Mar del Plata puede afectar a la ballena franca austral, Patrimonio Natural de Argentina.
El Gobierno impidió que la organización ambientalista Greenpeace realice una investigación científica sobre la ballena franca austral en la zona del mar Argentino donde se realizan la prospección sísmica o “bombardeos acústicos” en busca de gas y petróleo offshore frente a las costa de Mar del Plata. Así consta en un documento oficial, publicado por el Consejo Federal Pesquero.
Greenpeace y biólogos del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) buscaban realizan una actividades de investigación científica marina entre el 2 y el 20 de diciembre próximos a bordo del velero Witness, propiedad de la organización ambientalista, para obtener información sobre cómo la prospección sísmica podría estar afectando a esta especie, Patrimonio Natural de Argentina.
Sin embargo el Consejo Federal Pesquero decidió por unanimidad denegar el permiso y prohibir la expedición argumentando que el velero podía generar “ruido ambiente” que “afecta directamente los datos sísmicos adquiridos” por el buque BGP Prospector, de la petrolera noruega Equinor.
Al tratarse de una investigación en aguas jurisdiccionales argentinas, las tareas científicas requerían de la autorización del Consejo Federal Pesquero, que lidera el subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Damián Liberman.
El Consejo Federal Pesquero basó su decisión en las posturas de tres entidades oficiales que coincidieron en sugerir que se debía denegar el permiso.
La Dirección Nacional de Producción y Exploración de hidrocarburos desaconsejó otorgar el permiso al sostener “la cercanía de un buque genera un ruido ambiente que afecta directamente los datos sísmicos adquiridos”.
Por su parte la Armada Argentina argumentó que la expedición científica “podría implicar interferencias con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en dicha zona” y finalmente el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), aconsejó que debían participar también científicos pertenecientes al Estado Nacional. (eldiarioar.com)