Docentes universitarios advierten que “si hubiera que pagar, un curso de ingreso rondaría los 65 mil pesos”. “Queremos educación pública para todos”, agregó Pedro Sanllorenti, secretario general de Adum.
Un talonario con tapas azules y tres comprobantes: uno para el banco, otro para la Universidad y otro para la persona que pagaba por estudiar en la Unmdp. Del cajón de los recuerdos, Pedro Sanllorenti, el secretario general de Adum, recuperó un documento que dialoga con el presente, más concretamente, con las consecuencias de esos discursos que pretenden privatizar la educación superior.
“La Universidad de Mar del Plata ya fue arancelada. Teníamos que pagar una cuota por mes para rendir los exámenes. Volver a escuchar que hay quienes quieren arancelar el sistema educativo, que incluso al nivel superior, es cosa del pasado, es retirar un derecho que tenemos todos y todas y que es esencial para nuestro país”, deslizó Sanllorenti, talonario en mano. “Es de 1981, de cuanto yo estudiaba”, contó.
Fue en 1949, durante el Gobierno de Juan Domingo Perón que por decreto se sancionó la gratuidad universitaria en Argentina y se comprometió al Estado a garantizar los recursos para su sostenimiento y desarrollo. Como consecuencia de esa medida, tal y como informó el Ministerio de Educación en su momento, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente: pasó de 66.212 estudiantes en 1949 a 135.891 en 1954. Sin embargo, los procesos dictatoriales de la época hicieron que esa medida tambaleara hasta el regreso de la democracia. Recién en la reforma constitucional de 1994, la disposición de Perón obtuvo rango constitucional.
“Venimos escuchando ideas que incluyen el arancelamiento y los vouchers ya las conocemos, ya las vivimos en nuestro país. Concretamente, cuando uno iba a anotarse en la Universidad, desde 1977, había que rendir un examen. Por ejemplo, en Biología, en 1978, sólo 65 personas podían entrar a cursar, cuando éramos 300 los postulantes. Es decir, quedaban en el camino muchos que querían entrar a la Universidad y al examen de ingreso y al cupo por carreras, se agregaba un tercer elemento: el arancel”, rememoró el dirigente, que aseveró que el camino en estos tiempos “es el de defender fervorosamente a la educación pública”.
“Es muy importante que los y las que formamos parte de la comunidad universitaria -estudiantes, docentes, personal universitario y autoridades- defendamos a la Universidad Pública y Gratuita que hoy está en riesgo por ideas que vienen de candidatos que pretenden alterar la posibilidad del derechos a la educación en todos los niveles y el derechoa la educación superior pueda ejercerse”, completó Sanllorenti.