La Oficina Anticorrupción denunció a Bullrich por irregularidades en una licitación cuando era ministra

La presidenta del PRO fue denunciada por supuesto direccionamiento en la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016.

Buenos Aires.- La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia contra la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el direccionamiento de la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016 a una firma a la que se le pagó 35 millones de dólares, que eran 5 millones de dólares más que lo que ofrecían sus competidoras en la licitación, y a la que el Estado le terminó abonando también el impuesto a las ganancias (entre otros) por 600 mil dólares a través de un ente cooperador.

La actual jefa del PRO no es la única acusada por supuesta estafa, violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, sino que también está dirigida al exsecretario de Seguridad Interior y actual diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milma,  al exsecretario de coordinación de la cartera Alberto Föhrig y al exjefe de gabinete, Marcos Peña.

“El monto finalmente pactado” con el consorcio Israel Aerospace Industries-Rafael SA “ascendió a USD 35.000.000, el que resultaba muy superior a los USD 28.901.000 ofertados originariamente, y superaba en USD 5.049.445 la propuesta de su competidora Aeronautics Ltd”, dice la denuncia de la OA, que dirige Félix Crous. La adquisición consistía básicamente en unas torres con cámaras y otras con sistemas de comunicación para captar llamadas. En un caso incluso las torres no funcionaban en Argentina porque estaban pensadas para territorio israelí y tuvieron que elevarlas. Fueron presentadas como sistemas integrales de seguridad para los pasos fronterizos de Foz de Iguazú, La Quiaca – Villazón, Aguas Blancas – Bermejo y Salvador Mazza.

“El 30/12/16 Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros, suscribió la Decisión Administrativa que aprobó la contratación de IAI-ELTA/Rafael Ltd, y el gasto de USD 35.000.000, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich la refrendó, con el agravante de que dicho monto quintuplicaba el precio estimado por el Subdirector de Fronteras y Seguridad Regional de Gendarmería Nacional, Comandante Mayor Ramón Oscar Rendón, y que jamás respondió a una oferta concreta de las empresas ganadoras, de modo que se desconoce cómo y por qué se llegó a él”, dice el texto que ahora deberá investigar el juez federal Julián Ercolini.

Esa “maniobra”, según la OA, consistió en direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una empresa a la que Cambiemos le pagó 35 millones de dólares, 5 millones más de lo que ofrecían las demás competidoras en la licitación.

Bullrich “resolvió adquirir el millonario sistema de seguridad de fronteras a Israel Aeroespace Industries Ltd. (IAI), es decir a una de las firmas representadas por Barr Eitamar, mediante un procedimiento que exhibe las irregularidades que se describirán a continuación”.

“Las conductas concretadas por Marcos Peña, Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Fernando Alberto Föhrig, en tanto, implicaron la adquisición y capacitación para utilizar aeronaves no aptas para volar en nuestro país al momento de su compra, quedarían encuadradas en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, detalló el organismo.

Para la OA, Peña, Bullrich, Milman y Föhrig, “abuso de poder mediante, se habrían excedido en la confianza otorgada o las obligaciones asumidas, violando sus deberes, y abusando de su posición”.

“La acción típica entonces es la de perjudicar los intereses confiados, que en la inteligencia del mandato jurídico subyacente que origina la relación titular/administrador, implica la violación de deberes por parte del agente”, se argumentó en la presentación.

En base a la investigación, “Patricia Bullrich y (el funcionario) Fernando Alberto Föhrig impulsaron y adquirieron un sistema `enlatado` sin previsión alguna de su adaptabilidad a la realidad y a la normativa vigente en el país, por razones ajenas al interés público y en perjuicio del patrimonio estatal”.

Pero, además, la OA advirtió que cargan con otra “conducta objeto de reproche penal, cual es la adquisición de dos vehículos aéreos no tripulados que conforme la normativa vigente al momento de la compra, no estaban autorizados a volar en la República Argentina”.

Incluso, en esa operación, el Estado le pagó a la empresa ganadora de la licitación el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador.

Fuente: Página 12 y Télam