Duro comunicado del Colegio de Magistrados por el jury a Viñas y Gómez Urso

En un comunicado manifestaron que “se reivindica la importancia que tiene el Jurado de Enjuiciamiento como instrumento de contralor del desempeño de los integrantes del Poder Judicial, pero corresponde aclarar que el mismo no puede ser aplicado al contenido de la sentencia, sino a delitos cometidos por los Jueces o faltas en el desempeño de sus funciones.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires hizo lugar la semana pasada a la acusación contra los jueces marplatenses Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en noviembre de 2018 absolvieron a Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62) de femicidio de Lucía Pérez, resolución que el año pasado fue revocada por la Cámara de Casación.

Tras esta determinación de iniciarles un Jury, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, hicieron saber a sus asociados “la profunda preocupación y estado de alerta que genera dicha circunstancia”.

En un comunicado señalaron que “se reivindica la importancia que tiene el Jurado de Enjuiciamiento como instrumento de contralor del desempeño de los integrantes del Poder Judicial, pero corresponde aclarar que el mismo no puede ser aplicado al contenido de la sentencia, sino a delitos cometidos por los Jueces o faltas en el desempeño de sus funciones. No es una herramienta de corrección de decisiones ni de promoción de cambios de conductas o marcos culturales. En ese sentido, resulta inadecuado para revisar el contenido de las sentencias”.

“Utilizar la figura del Jury como un remedio, cuando se trata de una decisión jurisdiccional que pudo ser revisada y de un tribunal cuyos antecedentes son de probidad e idoneidad, desvirtúa la naturaleza de ese instituto. Esta situación se agrava cuando la causa todavía debe ser juzgada por otro tribunal”.

Por su parte, el escrito argumenta que “lo que preocupa es que, en función de dar respuesta a los reclamos, se termine vulnerando uno de los principios básicos que deben respetarse en una República, como lo es la independencia del Poder judicial, como principio rector y consecuencia de la división de poderes, limitando la capacidad futura de decisión de los Magistrados, al momento de resolver y dictar sentencia, por generar una limitante ante la amenaza de represalia”.

“La presión política por el contenido de las sentencias que no sean del agrado de determinados factores de poder, sometiendo a juicio político a Magistrados, cuando hay instancias superiores que brindan posibilidades de remediarlo, puede significar una advertencia de disciplinamiento para la magistratura bonaerense en su conjunto, cuestión sobre la que debemos llamar la atención”, manifestaron.

“Lo que está en juego es la independencia de los jueces la cual está concebida como garantía de la ciudadanía y del sistema democrático; es un valor que corresponde resguardar prioritariamente a fin de preservar la no interferencia en los procesos judiciales, de los otros poderes, de sectores políticos o demás agentes económicos y sociales”.

“Asimismo, es inviable que el juicio político o la eventual destitución de juezas o jueces, como consecuencia de dicho procedimiento, se fundamente en el contenido de las decisiones que hayan dictado, en el entendimiento que la protección de la independencia judicial impide deducir responsabilidad por los votos y opiniones que se emitan en el ejercicio de la función jurisdiccional, con la excepción de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o comprobada incompetencia”.

Por último los magistrados señalaron que “por todo ello, nos encontramos analizando las acciones a seguir para atender esta situación y aquellas análogas que se puedan presentar”.